Date: 10-05-02 10:24
Un grupo de diputados del Bloque Parlamentario del Cambio denunciaron la existencia de un plan golpista que pretende violentar la Constitución Nacional, tras haber tenido acceso al "Acta Constitutiva" del gobierno de facto que se pretende instalar en Venezuela y al "Decreto No 2", el cual contempla "El Estado de Excepción Temporal".
Los Diputados Rodrigo Cabezas; Francisco Solórzano; Ricardo Sanguino; Carlos Colina Yánez; Saúl Ortega e Ismael García señalaron que el golpismo no se detiene en Venezuela y evidencian ante la opinión pública nacional e internacional que se pretende imponer un régimen del terror y estados de excepción para justificar medidas extremas y desconocimiento de Gobernadores y Alcaldes que no reconozcan el nuevo intento de golpe
Destacaron que el sector minoritario, golpista y antidemocrático que pretendió fallidamente violentar la Constitución Nacional el pasado mes de abril, no se resigna a la derrota que le propinó el pueblo y la Fuerza Armada Nacional.
"El seguimiento y análisis de una serie de eventos políticos y económicos sucedidos en los últimos meses en Venezuela, nos permitieron obtener dos documentos cuyo contenido revela, de manera objetiva y dramática, la preparación de un plan macabro, terrorista y fascista que pretende violar flagrantemente nuestra Constitución, destruir nuestra democracia y cercenar la libertad y los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos, disfrutados plenamente bajo el gobierno bolivariano", Aseguraron.
Uno de los documentos referidos contiene el "ACTA CONSTITUTIVA" del gobierno de facto que se pretende instalar en Venezuela. El otro, se refiere al "DECRETO No 2", el cual contempla "EL ESTADO DE EXCEPCIÓN TEMPORAL".
El referido documento se sustenta en el supuesto "acatamiento" de los artículos de nuestra constitución 326, 328, 333, 347 y 350, los cuales, paradójicamente, reafirman los valores y principios democráticos y la vigencia de la Constitución. (Pág.1)
Según los parlamentarios los golpistas justifican su plan atreviéndose a afirmar ".., que la constitución ha perdido su vigencia por cuanto ha dejado de observarse como norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico,.." (Pág. 4). El pueblo venezolano y el mundo, saben que esto no es cierto. Tal coartada pretende justificar la violación de nuestra carta magna, la ruptura del hilo constitucional y el derecho de nuestro pueblo a decidir, en democracia, su destino.
Los golpistas afirman que "(...) el ejercicio pleno de la libertad de expresión e información (...) han sido vulnerados por el ciudadano Hugo Chávez Frías." (Pág.5). Esto es una falacia. Pocas veces en nuestro país se ha ejercido tan amplia y absoluta libertad de expresión e información, al punto de permitirse el irrespeto público y notorio de la figura presidencial, sin ningún tipo de represalia y como no se ha visto en país democrático alguno.
El gobierno del Presidente Chávez es blanco permanente de ataques sistemáticos en la línea editorial e informativa de los principales medios de comunicación nacionales, a los cuales se les ha respetado y respetará el ejercicio de este derecho constitucional.
Los golpistas se quitan la careta al afirmar que "(...) no basta el ejercicio del voto popular en elecciones libres para sostener que en un país exista democracia.." (Pág. 8). Este concepto de democracia evidencia el más puro comportamiento fascista-pinochetista, al desconocer que la esencia de toda democracia se sustenta en el voto popular y no en la decisión de elites privilegiadas. Los artículos 5 y 70 de nuestra vigente Constitución consagran la soberanía del pueblo, ejercida mediante el sufragio y los medios de participación y protagonismo.
Los golpistas afirman que el gobierno "(...) ha generado la aparición de grupos paramilitares, portando armas de guerra que ejercen la violencia en lugares públicos" (Pág. 15). Esta afirmación no sólo es falsa, sino también una excusa para justificar sus intentos desestabilizadores y golpistas.
Éstas y otras mentiras del documento golpista les permite declarar, como lo hacen en la parte final, "DESCONOCER" como Presidente y Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, a los ciudadanos Hugo Rafael Chávez Frías y José Vicente Rangel Vale, a los Magistrados principales y suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, al Defensor del Pueblo, al Fiscal General y al Contralor General de la República. Igualmente, "ASUMIR" la conducción y jefatura del Estado y el ejercicio pleno de sus poderes de gobierno y administración.
¿En el ejercicio de cuál derecho estos golpistas se arrogan la soberanía del pueblo para intentar romper el hilo constitucional?. ¿Qué poder divino les otorga semejante autoridad, para pisotear y despreciar la democracia?. ¿Con cuál legitimidad intentan asaltar el gobierno?
En esta oportunidad, por más que se esforzaron en construirse una justificación jurídico-política para subsanar los errores del "DECRETO CARMONA", tampoco lo lograron, ya que este documento representa una clara prueba de que continúan conspirando para derrocar al gobierno constitucional y democráticamente elegido.
En este documento, los golpistas, desconociendo la vigente Constitución de la República Bolívariana de Venezuela, y basándose en su ACTA CONSTITUTIVA, elaboran un decreto tenebroso, terrorista, violador de los derechos humanos, acudiendo al expediente de la SUSPENSIÓN DE LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES previstas en los artículos 50, 53, 68, 97 y 111 (115), referidos al libre tránsito, reunión, manifestación, huelga y propiedad privada.
En el artículo 3, prevén aplicar un "TOQUE DE QUEDA" que prohibiría a los venezolanos la movilización por el territorio nacional, obligándolos a permanecer en sus hogares durante las primeras 24 horas del golpe. Así mismo, esta medida se impondría en todo el territorio nacional, desde las seis de la tarde hasta la seis de la mañana, durante siete días continuos.
De igual manera, en el artículo 5, se cercena por quince (15) días el derecho a reunión, y en el artículo seis (6) el derecho de manifestación, por treinta (30) días.
El contenido de este decreto configura la implantación de un estado de terror, de persecución y violencia, sólo comparable a la tragedia que vivieron los pueblos hermanos de Chile, Argentina y Alemania.
Durante el gobierno del presidente Hugo Chávez, se ha sido celoso de la vigencia de estos derechos constitucionales, los cuales los golpistas sueñan con suspender para imponer un régimen que impida al pueblo venezolano defender su Constitución, tal como lo hizo históricamente, junto a la Fuerza Armada Nacional, el 12 y 13 de abril de 2002.
Como epílogo de este decreto, se repiten algunos errores del gobierno de facto de Carmona, al darle potestad a un "CONSEJO SUPERIOR DE GOBIERNO" para defenestrar a los gobernadores y alcaldes que no sean afectos y no convaliden la intentona golpista.
Estos documentos son una clara evidencia de que un grupo minoritario que se opone al gobierno democrático de Venezuela, continúa intentando una salida golpista y fascista que violente la vigencia de nuestra Constitución, pretendiendo liquidar la determinación de nuestro pueblo de vivir en democracia, libertad y paz.
Invitamos a los partidos de la oposición democrática a deslindarse claramente de quienes intentan, desesperadamente, imponerles una agenda golpista.
En los planes que hoy revelamos ante la opinión pública nacional e internacional, hay un profundo desprecio por las organizaciones políticas y el fascismo se devela y se expresa como negación de la libertad y la democracia.
Los demócratas de Venezuela, los del gobierno y los de la oposición, no podemos permitir que por nuestras diferencias políticas, un grupo minoritario dé un zarpazo a nuestra Constitución. Por encima de las divergencias, estamos obligados a convivir y aceptarnos con nuestras virtudes y defectos, a reconocernos como los VENEZOLANOS QUE SOMOS TODOS.
Alertamos a los países democráticos del mundo, a las organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos, a la OEA, la ONU, a las fuerzas progresistas del planeta para que activen los mecanismos de solidaridad internacional con nuestra democracia.
Caracas, 04 de octubre de 2002
Diputados:
Rodrigo Cabezas
Francisco Solórzano
Ricardo Sanguino
Carlos Colina Yánez
Saúl Ortega
Ismael García