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Parte del Seminario: Democracia, Estado y Ciudadanía
Organizado por Sinergia, Goethe Institut Inter nationes y Asociación Cultural Humboldt - Caracas mayo 2003
Lo que se define hoy como sociedad civil se llamaba en mis tiempos movimiento popular. El uso de la sociedad civil como un término homogéneo ha dejado de lado todo un rico debate conceptual en las diferentes tradiciones del pensamiento filosófico-político. La sociedad civil tiene desarrollo en las teorías liberales, en la tradición republicana, en la propia tradición socialista y en la tradición democrática, que es diferente a la del liberalismo y a la republicana. A través de los autores también encontramos diferentes concepciones de la sociedad civil, como sociedad burguesa o como anatomía de la sociedad civil en clases, conjugada con intereses económicos y políticos; como liderazgo ético y político ante la dominación y la hegemonía; como intereses generales versus intereses particulares; como relación de lo público y lo privado, y para autores recientes, como un término que difícilmente puede existir en la sociedad moderna actual, dado el grado de articulación que lo civil tiene con el Estado o con las grandes corporaciones económicas.
Igualmente, tendríamos que analizar el contexto histórico donde la sociedad civil se ha tomado como actor político, para entrar con profundidad en un debate sobre este tema. Cuál fue el papel de la denominada sociedad civil en el Estado liberal europeo, en el Estado fascista europeo, en los esquemas de partido único marxista-leninista que se dieron en Europa oriental; y en América Latina, con el Estado oligárquico-liberal, con el Estado desarrollista y con el intento de imponer un modelo neoliberal de Estado.
En la coyuntura política habría que tratar con mucho cuidado el concepto de la sociedad civil, porque es público y notorio que un sector de la sociedad se ha apropiado el concepto y entorno a éste se han articulado de manera difusa estrategias opositoras, sean o no democráticas, sean leales o no a los valores democráticos, con el fin de ocultar la participación de los actores que verdaderamente dirigen el proceso opositor en Venezuela, es decir, las corporaciones, los grandes medios de comunicación y los partidos políticos tradicionales, que al mismo tiempo forman también parte de la fachada pero no del control del ejercicio de la política opositora en el país.
En consideración a esto, yo prefiero utilizar el término de sectores organizados de la sociedad venezolana, incluyendo a los que apoyan las políticas del gobierno, los que están en la oposición y los que hacen un inmenso esfuerzo para continuar sus actividades superando la polarización. Cuando hablo de sociedad organizada, quiero decir que las dicotomías del pasado entre movimiento popular y sociedad civil burguesa ya no son tan aplicables. No obstante, todo el debate a nivel mundial está precisamente influido por la aparición o reaparición de viejos conceptos, como liberalismo, economía de mercado, incluyendo sociedad civil y democracia participativa Yo no comparto esa visión de análisis teórico-político que decreta el desuso de conceptos, porque el debate teórico académico es una recurrencia de los debates anteriores que ayudan al presente y el porvenir. Hay unos más desusados como el castro-comunismo y todavía existe en el debate público.
Para hablar sobre los actores de la sociedad organizada en la crisis política venezolana, que se desnudó completamente a partir de diciembre del 2001, es necesario recordar que el concepto de sociedad civil entra como un elemento de debate público o de confrontación frente a los partidos políticos y al viejo régimen, en la década de los ochenta, sin que ello niegue los esfuerzos anteriores. En esa época, florecieron un conjunto de organizaciones que emprendieron juntas la lucha por los derechos humanos, por la participación política, por el desarrollo del poder local, entre otros temas importantes, a objeto de profundizar la democracia venezolana.
Luego, la década de los noventa introdujo un debate importante, que quizás no fue bien tratado y fue el origen de las mayores diferencias y confrontaciones. La visión neoliberal que comenzó a desarrollarse en el país en esta época, intentó dar un nuevo papel a las organizaciones sociales, entendido como la sustitución del Estado en la gestión de lo público. Esta idea impuesta originó una fuerte polarización en el seno de la sociedad organizada venezolana. Algunas aceptaron el papel asignado por el modelo, asumiendo diversas áreas de atención social; y otras continuaron desarrollando políticas de confrontación democrática, en contra del viejo régimen de partidos y del modelo neoliberal que se pretendía imponer. Es así como, estas organizaciones dieron una dura batalla en pro de los derechos humanos, particularmente los derechos económicos y sociales, en medio del proceso de rebeliones militares y bajo la amenaza de ser barridas por el desarrollo de las políticas neoliberales. En ese momento se perdió la batalla por las prestaciones sociales de los trabajadores, pero se logró frenar la flexibilización laboral, la política de privatización de empresas públicas.
Cuando en el año 1999 se abre el proceso constituyente, hecho posible a partir de la elección de Hugo Chávez como Presidente de la República, hubo una activación del movimiento popular, aunque quizás no fue el modelo democrático ideal, ocurriendo un amplio debate en la Asamblea Nacional Constituyente y en la sociedad venezolana, para el cual recibimos aproximadamente 5.000 propuestas temáticas y 5 proyectos de Constitución. En este debate participaron activamente diversas organizaciones que prácticamente redactaron junto con nosotros los artículos en las materias referidas a los derechos humanos.
Finalmente, entramos en el escenario donde se desnuda el conflicto político venezolano ubicado en el 2001-2003, donde los sectores organizados de la sociedad se han alineado, unos a la propuesta de la revolución bolivariana y otros, a quienes efectivamente adversan este proyecto político. Vemos entonces a sectores organizados participando de manera activa de lado y lado, con un sector minoritario que busca encontrar espacios de tolerancia, de reflexión y de entendimiento.
Del lado de la oposición, organizaciones que siempre existieron conocidas por su lealtad con la democracia, y otras que aparecieron repentinamente, creemos que como una fachada de grandes corporaciones enfrentadas al gobierno, junto a los grandes medios de comunicación, los partidos políticos tradicionales, las corporaciones gremiales, y los militares no democráticos, desarrollaron diferentes actividades, de movilización inédita, de formas de participación, de asambleas de ciudadanos, llegando incluso a la activación de mecanismos de desobediencia legítima o ilegítima, depende de cómo se les vea, pero en cualquier caso nunca vistas y mucho menos toleradas en el país en toda su historia republicana. A la luz de los resultados, estas iniciativas han tenido una dudosa eficacia política y grandes costos para la sociedad en su conjunto, no solamente para el gobierno.
Del otro lado, los sectores organizados que comparten las políticas del gobierno, han realizado actividades de corresponsabilidad social, como el ejercicio del voluntariado para operar la industria petrolera, la docencia en las escuelas estadales y municipales que paralizaron sus actividades, la gestión y cogestión en la distribución de gas, cuando entre diciembre y enero del 2002-03, se produjo escasez. Igualmente, estos sectores han desarrollado inéditas estrategias alternativas de comunicación que han derrotado el mito de que la política contemporánea solo existe si aparece por los medios, y que permitieron la movilización de la gente durante el corto silencio de la dictadura de abril del año 2002, ante la ausencia de los grandes medios de comunicación para ejercer el derecho a disentir de la instauración de una dictadura en nuestro país. Por su lado, las organizaciones sociales que intentan superar la polarización, orientadas a desarrollar políticas de reflexión y tolerancia, han ejercido también el control social sobre el sistema judicial y legislativo; muchas veces estigmatizadas de un lado y del otro por ejercer este derecho.
Se ha reconocido aquí que el nuevo marco constitucional es el más amplio que se haya dado en la historia republicana del país, para el ejercicio de la democracia participativa y del control social sobre las instituciones. Esta Constitución incluye mecanismos de control ciudadano como los referéndum, los cabildos abiertos, los Consejos Estadales de Políticas Públicas, los Consejos de Planificación Local, las Asambleas de Ciudadanos y la Asamblea Nacional Constituyente consagrada como modelo clásico de democracia participativa. Asimismo, la Constitución asume plenamente la doctrina en materia de derechos civiles y políticos, ampliando los derechos de petición y los derechos ciudadanos, que abarcan la nacionalidad, los derechos culturales, el carácter pluriétnico y multicultural de la sociedad, etc.: que reconocen espacio a minorías históricamente excluidas en nuestro país. Y en cuánto al modelo socioeconómico, destaca el principio de la corresponsabilidad social que transversaliza la Constitución, y supera el chantaje neoliberal del populismo de mercado dejando muy claro que el Estado no renuncia a sus responsabilidades sociales; y que el mercado económico puede ser compartido con formas alternativas de producción popular, como la autosugestión, la cogestión y las cooperativas.
Hacia delante, un primer reto de la sociedad organizada es fortalecer la estabilidad política e institucional de la nación, de acuerdo con el modelo de corresponsabilidad social establecido en la Constitución. Esta es una responsabilidad de todos los sectores involucrados en el conflicto político venezolano, y no solo se trata de las instituciones, sino también que los ciudadanos ejerzan y pongan en práctica los mecanismos que tienen a disposición para que efectivamente todos podamos expresarnos en democracia y realizar los derechos a plenitud. Porque cuando de un lado o de otro, se le hace el juego a las minorías violentas, a las que no son leales al juego democrático legal, ponemos en riesgo los valores democráticos, independientemente de la posición que tengamos frente al gobierno. El 11 y 13 de abril, son clara expresión de esta situación.
Un segundo reto es profundizar el cambio en la estructura socioeconómica del país. La superación del conflicto social venezolano no depende de la permanencia de una persona en el gobierno, es un conflicto que existe en el seno de la sociedad venezolana por más de dos décadas, que no se resolverá con una simple solución política. Este conflicto tiene que ver con la ruptura del viejo modelo económico rentista, oligopólico y dependiente que sigue anidado en la sociedad, y también con la visión excluyente que ve en el mercado y en el neoliberalismo la solución. El corto intento de la última década, desmanteló la estructura económica y el potencial para generar empleo, producto de una política aventurera, alocada e impuesta en materia económica. Por eso es vital el impulso a la economía cogestionaria y cooperativa que establece la Constitución, a fin de cambiar este esquema oligopolio de producción y comercialización, bastante frágil en cuanto a seguridad económica, independientemente de quien ejerza las presiones políticas, si las grandes corporaciones o el Estado. En este esquema estamos expuestos a que nos dejen sin gasolina, sin comida o sin dólares.
Un tercer reto es la reforma del poder judicial. La ausencia de un sistema judicial no se debe a que la revolución bolivariana lo haya desmantelado, como dicen algunos. Aquí no teníamos un estado de derecho ideal, un excelente sistema judicial o un perfecto equilibrio entre poderes, que desmontó una tiranía. Esta es una deuda pendiente con la sociedad venezolana, y autocríticamente decimos como parte del gobierno de Hugo Chávez, que nosotros hemos fallado en esto. Ello no responde a una intencionalidad de secuestrar el poder judicial, porque hemos visto como el actual sistema sigue bailando al son que le toquen de un lado o de otro. Todos hemos sido víctimas del atropello judicial en el conflicto político y eso es lo que la sociedad venezolana en su conjunto no puede seguir permitiendo, si queremos garantizar un clima de paz y convivencia ciudadana. La dificultad para deslastrarnos de la polarización, hace que una ley como la del Tribunal Supremo de Justicia, esté intervenida por el conflicto político. Más allá de eso, hay que preguntarse si hace falta o no una nueva ley, un código para los jueces y juezas del país, o en el caso de la seguridad pública, si hace falta una ley de policía nacional.
Otro reto es garantizar el ejercicio del control social y del poder local. La Constitución establece mecanismos importantes para que efectivamente el poder esté cada día más del lado de los ciudadanos y menos del Estado, pero también cada vez más lejos de las grandes corporaciones. Además, debemos garantizar la eficacia política de los instrumentos y de los mecanismos constitucionales para el ejercicio de la democracia participativa que establece la Constitución. Si efectivamente se va al proceso de referéndum revocatorio tanto del Presidente Chávez, como de los Gobernadores, Alcaldes y Diputados, debe existir un gran esfuerzo entre las organizaciones para que este sea verdaderamente un proceso de una gran pedagogía democrática y no simplemente un instrumento de revancha política de cualquier lado. Un instrumento inédito como éste tiene que ser para profundizar la democracia y no simplemente para satisfacer el capricho de minorías poderosas que quieran torcer el mandato popular.
Finalmente, un debate que tiene que dar la sociedad organizada, no solo en Venezuela sino en el mundo, para que efectivamente pueda existir una verdadera democracia, es entorno al papel de los medios de comunicación dentro de sociedades democráticas. Para quienes postulamos los valores democráticos tiene que ser inaceptable que unos sectores que representan intereses particulares, económicos, ideológicos y políticos claramente definidos e históricamente conformados, puedan abrogarse el derecho de decidir quién manda en un país o qué leyes se aprueban. Esto es muy peligroso para la democracia, porque los Estados tienen responsabilidad legal nacional e internacional, mientras que para los medios no es así, debido a son de interés privado y sus actuaciones son hechas en nombre de intereses generales. Las confesiones terribles de los directores de El País y El Mundo hace 3 o 4 años, reconociendo que se confabularon para realizar una campaña que impidiera le reelección de Felipe González, es un hecho que pasó absolutamente por debajo de la mesa, pero puso en alerta sobre el ejercicio totalitario de un poder tan importante como el de comunicar. No son ellos los guardianes de la libertad o de la democracia.