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Pocas cosas ocurren en Venezuela que no tengan, directa o indirectamente, que ver con el petróleo. Este país es uno de los principales productores de hidrocarburos en el mundo y su papel en el mercado energético internacional es aun más importante. Ha sido una fuente segura de abastecimiento para los consumidores del hemisferio occidental y muy especialmente para los EEUU. Por ello es indispensable evaluar las incidencias que el petróleo ha podido tener en el fallido golpe de estado del 11 de abril.
Desde que Chávez asumió el poder en febrero de 1999, se inició una reforma en la política petrolera que había predominado en la década anterior. La nueva orientación rescataba aspectos esenciales de la larga tradición petrolera venezolana. En los días iniciales mismos de la nueva gestión se tomaron iniciativas para recuperar el papel de la Opep como actor regulador del mercado internacional. Al asumir el gobierno, los precios internacionales de los hidrocarburos estaban en su punto más bajo en años. El precio de la cesta venezolana de crudos y derivados se había desplomado a $8,43 el barril como promedio para ese mes. Con las iniciativas promovidas por el nuevo gobierno los precios comenzaron a recuperarse de inmediato y la Opep a fortalecerse. En reconocimiento al activo papel de Venezuela en este proceso, Caracas fue sede, en septiembre de 2000, de la segunda conferencia de jefes de Estado y de gobierno de los países miembros de la organización. Además, el primer ministro de Energía y Minas del gobierno de Chávez fue primero designado como presidente de la Opep y luego Secretario General de esa organización.
Aunque comprender a cabalidad una reforma petrolera puede resultar complejo, son cuatro los rasgos básicos de la reforma en marcha que nos interesa destacar en este análisis. Primero, busca recuperar para el Ejecutivo Nacional, por intermedio del Ministerio de Energía y Minas, el papel rector en el diseño, definición e implementación de las políticas públicas referidas al sector. A partir de la nacionalización misma en 1976 y con más fuerza en la pasada década con la llamada Apertura Petrolera, la alta gerencia de Pdvsa fue desplazando al Ministerio en el ejercicio de este crucial rol. Segundo, persigue alcanzar niveles apropiados de ingresos fiscales de origen petrolero. Para ello la reforma privilegia la regalía sobre los impuestos. Cobrar regalía es mucho más sencillo que cobrar impuestos y resulta más transparente. El monto de la regalía depende de los volúmenes producidos y del precio en el mercado internacional, mientras que los impuestos a las ganancias pasan por determinar los montos de esas ganancias mediante complejos procesos de auditoria. La reforma busca revertir un proceso que se había venido dando en Venezuela, dentro del contexto de la liberalización económica, donde los ingresos fiscales de origen petrolero, que se centraban en impuestos a la ganancia y reducían la regalía, venían disminuyendo de manera sostenida. No debe pasarse por alto que el ingreso fiscal petrolero es la forma como los sectores venezolanos no petroleros participan de la principal industria del país.
En tercer lugar, la reforma procura también fortalecer a la OPEP y compromete a Venezuela a respetar los compromisos soberanamente adquiridos con la organización. Este es un eje clave para la articulación favorable de Venezuela en los actuales procesos de globalización. En cuarto lugar, la reforma, sin negar la participación de capitales privados en el sector, frena las tendencias a la privatización de Pdvsa. Estos dos últimos aspectos son los que a nuestro juicio generan más roces con el gobierno de los EEUU. Más adelante ampliaremos por qué.
En el diseño y definición de esta reforma el gobierno de Chávez ha tenido claridad. Pero en su implementación no han sido pocos los errores y torpezas. Los dos pilares legales de la reforma, la Ley de Gas y la de Hidrocarburos Líquidos, fueron aprobados mediante facultades otorgadas por el Poder Legislativo al Ejecutivo (leyes habilitantes) que sacaron de la discusión pública los contenidos de estas leyes y de la reforma en su conjunto, dificultando que el ciudadano común identificara los intereses en pugna. En tres años de gestión, el presidente Chávez ha nombrado, incluyendo al nombrado esta semana, a cinco presidentes de Pdvsa. Con algo de razón, la empresa se siente insegura, incómoda e inestable. Con el nombramiento de una nueva directiva presidida por Gastón Parra en febrero de este año, parte significativa de la alta gerencia entró en abierta confrontación con el gobierno.
Sectores de la llamada "nómina mayor", es decir los niveles más altos de la gerencia, se erigieron como dirigentes en este conflicto. Alegando que se había violentado los criterios tradicionales de nombramiento de los integrantes de la directiva de Pdvsa al irrespetarse "la meritrocracia", terminaron por convocar un paro que fue respaldado por las centrales sindical y empresarial (CTV y Fedecámaras). Sin embargo, tras el conflicto por los nombramientos, se escudan otros de mayor trascendencia. La alta gerencia se muestra renuente a renunciar a las cuotas de poder que alcanzó con la Apertura Petrolera. No parecen dispuestos a aceptar que el centro de conducción de las políticas públicas petroleras vuelva al Ministerio. Como muchos han señalado, la empresa ha llegado a ser "un Estado dentro del Estado" y eso ahora con la reforma está en riesgo. Tampoco parecen dispuestos a rendir cuentas en forma trasparente. La empresa también ha sido señalada como una "caja negra" por haber, de manera sistemática, dificultado a su dueño, el Estado venezolano, conocer como se administran sus finanzas.
En los acontecimientos de la segunda semana de abril que desembocaron en el fallido golpe, Pdvsa tuvo un rol protagónico. Como ya mencionamos, el conflicto de Pdvsa sirvió de plataforma para el lanzamiento de la huelga general. La marcha programada por la oposición para el fatídico 11 de abril tenía como lugar de llegada la sede de Pdvsa en Chuao. Y fue en esa sede donde de forma inesperada e irresponsable se decide continuar la marcha hasta el Palacio de Miraflores, con el explícito propósito de "sacar a Chávez".
En la agenda del efímero gobierno de facto los asuntos petroleros tuvieron la mayor importancia. Entre los escasos nombramientos que el "presidente" Carmona Estanga llegó a anunciar estuvo el de Guacaipuro Lameda como presidente de Pdvsa. Fue éste el presidente removido en febrero por su oposición a la recién promulgada Ley Orgánica de Hidrocarburos Líquidos. Lameda expresó que se iniciaría una recuperación agresiva de mercados, lo que conllevaría inexorablemente a una confrontación con la Opep y su inevitable debilitamiento. Por su parte la asamblea de gerentes, en medio de un clima festivo y desbordante de alegría, anunció, en clara reafirmación de que la política petrolera venezolana se hacia en la empresa, el desconocimiento de acuerdos internacionales de Venezuela proclamando "ni un barril de petróleo más para Cuba". Esa asamblea también procedió a hacer nombramientos en la misma empresa, usurpando facultades del Presidente de la República y de la Junta Directiva legalmente constituida.
La posición del gobierno de EEUU en torno a la reforma petrolera en marcha en Venezuela ha sido cuando menos contradictoria. Venezuela no ha dejado en ningún momento de ser un suplidor seguro y estable. Aquí los intereses de ambos países coinciden plenamente. Para EEUU el petróleo venezolano es de muy difícil remplazo y para Venezuela es ese país, por mucho, su principal cliente. Además, la política de estabilidad de los precios dentro de la banda fijada por la Opep, que tiene en Venezuela a un decidido actor, favorece a EEUU en su condición de productor de hidrocarburos. Producir hidrocarburos en EEUU es más costoso que en otras regiones del mundo, razón por la cual si los precios bajan en demasía muchos de sus pozos resultarían no competitivos. En contraste, en su condición de consumidor, altos precios no son vistos con simpatía. Sin embargo, para nadie es un secreto que en el actual gobierno de EEUU los intereses del sector petrolero están muy bien representados y no parece que va ha ser este gobierno quien impulse políticas dirigidas a abatir los precios. No es aquí donde deban esperarse mayores tensiones entre ambos países aunque es innegable que la relación directa de los EEUU con la gerencia de Pdvsa resultaría más fluida que con funcionarios de este gobierno ya que los primeros siempre han privilegiado los intereses de la empresa sobre los de la nación.
Pero hay otras áreas del negocio petrolero donde los intereses de los EEUU son más uniformes y distintos a los de Venezuela. Ha sido una posición tajante del actual gobierno venezolano su compromiso con la Opep. Sin duda la mayor relevancia de esta organización en el escenario mundial es parte de los haberes de Chávez y su política petrolera. Con esto no solamente se ha logrado la recuperación de los precios de los hidrocarburos en el mercado mundial, sino que además se ha fortalecido a la organización y a los países que la integran. El fortalecimiento político de la Opep y sus países miembros no puede sino causar aprehensión, cuando no abierto malestar, en el gobierno de los EEUU. No debe olvidarse que forman parte de la organización países que son tenidos por ese gobierno como sus "enemigos": Irak, Libia, Irán.
Adicionalmente, la reforma petrolera no puede verse fuera del proyecto político del Presidente Chávez. Con todas sus insuficiencias, ambigüedades, improvisaciones e indefiniciones, es un proyecto que procura, sin rupturas radicales, construir una alternativa frente a los modelos pautados por la globalización neoliberal. Por ello sectores importantes de América Latina y el mundo siguen con atención e interés este ensayo. Por el contrario, la primera potencia del mundo no puede verlo sino con disgusto.