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Publicado en Caracas, 12 de Abril de 2002
Desde fines del año 2001 el clima político venezolano sufrió un acelerado proceso de deterioro acompañado de la profundización de la polarización. En noviembre del pasado año el presidente, mediante el recurso de una ley habilitante aprobada por la Asamblea Nacional, aprobó 49 leyes, algunas de ellas especialmente polémicas como la Ley de Tierras y la ley Orgánica de Hidrocarburos Líquidos. Todas ellas derogados hoy mediante decreto por el nuevo gobierno. El rechazo de sectores de oposición, principalmente la Federación de Cámaras de Industria y Comercio (Fedecámaras) y de la alta gerencia de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la industria petrolera del Estado venezolano, fueron ampliando y articulando su acción opositora con la realización de paros cívicos, marchas y otro conjunto de actividades. En estas movilizaciones se fue incorporando cada vez de manera más central y explícita la demanda de salir del presidente Chávez por cualquier vía y lo más pronto posible. Estas acciones de la oposición fueron respondidas por el gobierno y los sectores que lo apoyan también con una intensa y nutrida actividad de calle, generándose en el país una preocupante tensión política que en más de una oportunidad amenazaba en tornarse violenta. Sin embargo, antes de esta semana, los hechos de violencia registrados en las movilizaciones de ambos sectores, aparte de la pugnacidad verbal, fueron pocos.
A raíz del nombramiento de nuevos presidente y miembros de la junta directiva de Pdvsa, con la activa participación de la llamada "nómina mayor" de la industria, se comenzó a desarrollar un conjunto de acciones conflictivas contra el gobierno de Chávez que culminarían en la huelga general de esta semana, convocada por Fedecámaras y los sindicalistas que se abrogan la representatividad de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), y que sirvió de plataforma para el golpe militar.
Ayer 11 de abril, en medio de la huelga general de éxito dudoso, la CTV y Fedecámaras acordaron realizar una marcha en el este de la ciudad que culminaría en la sede de Pdvsa en Chuao. Una vez llegados a este destino, envalentonado por la masiva participación, Carlos Ortega, presidente ilegítimo de la CTV, arengó a los manifestantes a llegar hasta el Palacio de Miraflores, centro del gobierno nacional, con el expreso propósito de "sacar a Chávez". Los alrededores del palacio de gobierno han sido en estos tres años lugar de concentración de sectores y organizaciones afectos al presidente. Ese día, como venía sucediendo desde que se inició la huelga, la concentración alrededor del palacio era multitudinaria. Era claro que el propósito era propiciar una confrontación violenta. La violencia de hecho ocurrió con un saldo trágico de muertos y heridos. De acuerdo a la "verdad mediática" que se ha venido difundiendo, los disparos que produjeron las muertes y los heridos tuvieron su origen en francotiradores chavistas y/o miembros de la Guardia Nacional. Sin embargo, varios de los muertos por tiros, contándose entre ellos el chofer del vicepresidente, fueron manifestantes afectos al gobierno. Inmediatamente después de una alocución presidencial relativo a lo que sucedía en Caracas, a través de los medios de televisión, diversos políticos de oposición comenzaron a llamar abierta y agresivamente a las Fuerzas Armadas para que intervinieran y derrocaron a Chávez. Pudimos ver entre otros al copeyano y hombre del Opus Dei José Rodríguez Iturbe, hoy nombrado canciller del nuevo gobierno, en una exaltada arenga llamando cobardes a las FFAA si no lo hacían. Hacia las 10 de la noche el canal del Estado perdió la señal, y poco después comenzaron declaraciones de altos oficiales militares anunciando su desconocimiento de la figura presidencial. A la 1 y 20 aproximadamente se anunció que Chávez habría renunciado y a altas horas de la madrugada se informó que el presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga, asumía la presidencia del gobierno transitorio.
En medio de esta confusa situación, a lo largo del viernes 12 hay algunas cosas que van quedando muy claras.
Se trata claramente de un golpe militar que venía preparándose desde hace algún tiempo con participación de Acción Democrática, sectores empresariales, sindicalistas, altos gerentes de Pdvsa y, con toda seguridad, con el apoyo o el visto bueno de la embajada de los Estados Unidos. Seguramente no es una coincidencia que pocos días antes del golpe llegase al país un embajador con una amplia experiencia "contrainsurgente".
El carácter autoritario, ilegal e ilegítimo del nuevo gobierno se pone descarnadamente a la vista con la clausura de los poderes públicos legítimamente constituidos con la constitución vigente. La Asamblea Nacional fue cerrada, igual suerte corrieron los otros poderes públicos, Fiscalía General, Tribunal Supremo de Justicia, Contraloría, Consejo Nacional Electoral, Defensoría del Pueblo. Más grave aún, el decreto mediante el cual se establece lo anterior reconoce la vigencia del ordenamiento jurídico sólo si no contradice el decreto mismo. Mayor manifestación de autoritarismo, imposible.
Los medios de comunicación, en especial las televisoras fueron los principales instrumentos del golpe militar. Como tantas veces ha señalado Ignacio Ramonet, no es posible una democracia sana sin que exista un mínimo de democracia en los medios. Los medios venezolanos actuaron con total coherencia en defensa de los intereses empresariales y de una particular visión del país de la llamada "sociedad civil", que no es más que los sectores medios movilizados en oposición al gobierno. Fue una sistemática campaña de desprestigio del gobierno. La totalidad de la información que se presentaba, y la que se sigue presentando, es sesgada.
El día de hoy el Fiscal General de la República dio unas declaraciones en las cuales puntualiza con mucho detalle como la totalidad del procedimiento es violatorio de la constitución. No hay una renuncia pública del Presidente. En caso de renuncia, tendría que asumir el Vice-presidente. En caso de renuncia de éste, tendría que asumir el Presidente de la Asamblea Nacional. Se ha producido una clara ruptura del orden constitucional.
Están allanando locales y deteniendo a alcaldes y gobernadores identificados con el chavismo, que al igual que Chávez, fueron electos en libres procesos electorales. Varios ministros y diputados a la Asamblea Nacional han sido detenidos por el delito de ser miembros del gobierno depuesto y sin pasar por procedimiento constitucional alguno. Miembros del gobierno y de la Asamblea han estado intentando comunicarse con el país y los medios, que tanto han reclamado libertad de expresión, los silencian por completo.
Chávez fue pasado a las cuatro de la madrugada al Fuerte Tiuna sin que hasta el momento se hayan tenido más informaciones de él. No se le ha permitido ver al Fiscal General de la República ni organizaciones de derechos humanos. Circulan informaciones que sostienen que Chávez no ha renunciado ni ha destituido a nadie. La vida e integridad física de estos hombres y mujeres están en riesgo. La vigilancia internacional en estos momentos es crucial.
A diferencia de las declaraciones dadas hoy por el vocero de la Casa Blanca de los Estados Unidos, quién se atuvo estrictamente a la versión mediática de los hechos, algunos gobiernos latinoamericanos y europeos han reconocido la naturaleza del golpe militar y lo han repudiado. El gobierno de los Estados Unidos manifestaría su respaldo a la democracia si siguiese el ejemplo de gobiernos como el de México o Argentina, que rechazan esta salida de fuerza.