Apenas se desató el golpe se vivieron dos días de terror
No se puede invocar la democracia mientras se desata la furia en contra de los adversarios. Marino Alvarado, director de Provea, afirma que una parte de la sociedad venezolana se manifestó partidaria del autoritarismo apenas tuvo la oportunidad de hacerlo. Una cosecha de atropellos arrojó el breve lapso durante el cual se desconoció el estado de Derecho y la Constitución.
Los informes que periódicamente envía la organización de derechos humanos Provea, bajo el título “Coyuntura”, reflejan el terror que se vivió en Venezuela entre el 11-A y el día en que el presidente Chávez fue restituido en el poder por un sector de las Fuerzas Armadas. Bastó un lapso de 48 horas para que la población venezolana advirtiera la ausencia de signos vitales de algunas instituciones claves, como la Fiscalía General de la República, y la carencia del estado de Derecho. Una extraña y desconocida atmósfera de miedo planeaba sobre el valle de Caracas, como una ladera extraña del cerro Avila. Era una sensación colectiva, desencadenada por lo inevitable: la sed de venganza y el ajuste de cuentas que, visiblemente, recorrió las urbanizaciones donde tienen su residencia los funcionarios del régimen: La Lagunita, La Boyera y Santa Fe, por mencionar las direcciones de Tarek William Saab, diputado a la Asamblea Nacional; Rafael Vargas, ministro de la Secretaría; y Ramón Rodríguez Chacín, ex titular de Interior y Justicia y candidato a una misión extranjera en el servicio exterior. Pero fueron sacados de sus casas, a punta de pistola, entre empujones y golpes, por el solo hecho de vivir en territorio de escuálidos. Eso no es delito.
El informe “Coyuntura” de Provea tiene 15 páginas, entre una entrega y otra. Se hace una advertencia, pues la información contenida allí no ha sido corroborada y se retransmite apenas recibida en la sede de la organización, ya sea a través de denuncias personalizadas o por vía telefónica.
Recuerda Provea que, una semanas antes de juramentarse como presidente de la República en un acto que pasará a la historia como un remedo del 19 de abril de 1810, Pedro Carmona Estanga, ex presidente de Fedecamaras, se había comprometido a respetar la Constitución de 1999, tras firmar el Acuerdo de Gobernabilidad junto con la CTV, y con la bendición de la Iglesia Católica.
Desde el Palacio de Miraflores, Carmona llamó “a la calma” y a “controlar las pasiones”. La idea difusa de que se refería a la vigencia del estado de Derecho y a la suerte misma de la democracia, tal vez pudo tranquilizar a quienes seguían su alocución pública a través de una transmisión televisiva. Pero la situación en las calles, particularmente en los barrios y zonas populares de Caracas, era un auténtico hervidero de policías y guardias nacionales, que salieron en la calle a “cazar” a funcionarios y simpatizantes del presidente Chávez.
Dice el informe de Provea que piquetes de la Guardia Nacional y la Policía Metropolitana se encargaron de reprimir las manifestaciones de apoyo al presidente Chávez, que se concentraron en los alrededores de Miraflores y el Fuerte Tiuna. Mientras, “se multiplicaban las denuncias de detenciones injustificadas, allanamientos, desapariciones y ajusticiamientos”.
En Maracaibo se allanaron viviendas de algunos directivos de Corpozulia, y el gobernador de esa entidad, Manuel Rosales, declaró ante las cámaras de Urbe TV –una planta regional– que “todos los miembros de los círculos bolivarianos” serían detenidos preventivamente en ese estado. Rosales, al igual que otros gobernadores y alcaldes, convirtió a la policía estatal en ejército privado.
A lo largo del día se recibieron llamadas de funcionarios del Gobierno –o de personas que decían representarlos–, en las que denunciaban amenazas y señalaban que, por tanto, temían por sus vidas. Anota el informe de Provea que uno de los funcionarios que llamó a sus oficinas fue el ex ministro de Cordiplan Jorge Giordani. Lucía Barreto, hermana del diputado Juan Barreto, consignó en la sede de Provea un documento en el que manifestaba temer “por la vida e integridad física” del parlamentario. “En estos momentos se encuentra perseguido por la PTJ y Disip”, señalaba, y solicitaba que cesaran las persecuciones y detenciones en contra de funcionarios del gobierno del presidente Chávez.
En su informe del 13 de abril, Provea reseña “la ausencia de información” en los medios locales “acerca de lo que ocurría en diversos lugares de la ciudad de Caracas y el interior del país”. Recuerda la organización de derechos humanos que ese hecho “constituye una violación del derecho de los ciudadanos a la información”, contemplado en los artículos 57 y 58 de la Carta Magna. También da cuenta del acoso que vivieron los periodistas ese día. Mauricio Cabal, corresponsal de Venevisión en el estado Monagas, denunció “hostigamiento por parte de los círculos bolivarianos”. Según Cabal, su foto está en panfletos y vallas que rezan: “Mauricio Cabal, buscado por traidor a la patria. Si lo encuentran, línchenlo”. Graciliano Leal, corresponsal de Venevisión en Zulia, aseguró que los militantes oficialistas lo obligaron a resguardarse en las oficinas del Consulado de Holanda en la ciudad de Punto Fijo. César Miguel Rondón, periodista de Televen y Unión Radio, manifestó que en horas de la madrugada, aproximadamente 15 personas, “que se identificaron como integrantes de los círculos bolivarianos, se acercaron a Televen en actitud intimidatoria para solicitar información” sobre la periodista Marta Colomina y su persona. El informe de Provea no reseña lo que ocurrió en las adyacencias de las televisoras privadas –RCTV, Venevisión y Globovisión–, donde grupos de motorizados precedían, como cabezas de vanguardia, a miembros de los círculos bolivarianos que se preguntaban por qué los canales no transmitían lo que realmente estaba ocurriendo en algunos puntos de Caracas, especialmente en los alrededores de Miraflores y el Fuerte Tiuna, donde miles de personas exigían la libertad del presidente Chávez. Mediante amenazas y actos vandálicos interrumpieron la programación y exigieron que sus peticiones y pareceres fueran transmitidos en vivo y en directo. ¿Quién va a reflexionar sobre este asalto? Medios alternativos, vinculados al proyecto político que lidera el presidente Chávez, como TV Caricuao, Radio Perola, Radio Catia Libre y Catia TV, fueron allanados y resultaron detenidos aquellos directivos que se encontraban en sus sedes. A varias personas se les interrogó, sin presencia de fiscales, mientras eran “ruleteadas” por distintas partes de la ciudad.
Según Marino Alvarado, directivo de Provea, lo que se vivió el 11-A es “producto de la vocación autoritaria de una parte de la sociedad que, irónicamente, se presentó con un discurso contra el autoritarismo”.
“Se apoya a la democracia mientras se garanticen los intereses de un grupo”, reflexiona Alvarado, “pero contra los adversarios se desata toda la furia”. Al juramentarse en el cargo, Pedro Carmona desconoció la Constitución –”algo que Pinochet ni siquiera se atrevió a hacer”–, y al anunciar, mediante decreto, que se disolvía la Asamblea Nacional y el resto de los poderes públicos, “la gente que acudió al acto en Miraflores aplaudió a rabiar”. “A las turbas chavistas siguieron turbas antichavistas. Eso fue lo que se vio ese día”, dijo el director de Provea. Lo que ocurrió en las adyacencias de la vivienda del actual ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello; el allanamiento a la casa de Tarek William Saab... “Lo que vimos a través de la cobertura televisiva de esos hechos es terror dirigido”, agregó Alvarado. “Contribuyeron a generar la impresión de que se iba a producir una cacería de brujas”. La venganza se asumió como un triunfo. Alvarado se refirió a un hecho que ha pasado bajo la mesa: “Alcaldes desconocieron a gobernadores que, al igual que ellos, fueron electos por el voto popular, y junto con un grupo de simpatizantes tomaron las sedes de gobiernos regionales”. El mosaico político en que ha devenido la descentralización, permitió que AD desplazara al MVR en distintas ciudades del país. El próximo paso, si la corriente de la intolerancia sigue su curso, podría ser “el asesinato político”, asegura Alvarado. La irrupción de grupos, entre los cuales podrían mencionarse los Guerreros de La Vega, Los Tupamaros y organizaciones de ganaderos, que conforman, de acuerdo con el directivo de Provea, los precursores del paramilitarismo. “Ahí no cuenta el ascendente ideológico, sino la forma en que instrumentan justicia por su propia mano”.
Las autoridades de Estados Unidos han redefinido a su enemigo principal tras la caída del Muro de Berlín. Terrorismo y narcotráfico están en la mira de Washington. Pero los viejos intereses de seguridad siguen en la agenda, como quedó demostrado en la Guerra del Golfo y en la masiva intervención de Afganistán. La real politk ha perdido brillo, pero no relevancia. No es fácil discernir la sintaxis de la nueva confrontación, pero la inquietante trama que dibuja el gobierno de Chávez junto a la guerrilla colombiana y el decidido apoyo a la Cuba castrista son una piedra en el zapato del Departamento de Estado. El senador chileno Sergio Bitar afirma “que esto no se puede convertir en un argumento para entrabar un proceso institucional determinado en América Latina, salvo que se cometan muchos errores en su propio país”. El papel de la eficacia en la crisis de gobernabilidad, cuya lectura reflejó el encabezamiento del diario El Mercurio, refiere a la Carta Democrática suscrita por Venezuela en Lima, Perú.
En un espectro más amplio, habrá que advertir que, en esta época, no se trata de poderes militares e ideológicos en pugna o de alineamientos estratégicos entre Este y Oeste, sino de terrorismo y seguridad. “La política exterior norteamericana se ha contaminado luego del 11-S. América Latina no puede ser ingenua y creer que estos no son tiempos en los que haya quien intente influir en nuestras propias decisiones”, dijo Bitar. ¿No se ha convertido la seguridad en una obsesión, en una suerte de paranoia? Ante lo que surge como un extremo, ¿qué cabe esperar? “Si a partir de allí van a intervenir en nuestros países, incluso para tratar de despejar los conflictos sociales, eso será totalmente contraproducente y hasta agónico a lo largo del tiempo. Venezuela debe estar atenta a que no se produzca ninguna interferencia de esta naturaleza”.