Le Monde Diplomatique (articulo inedito. 13/12/02)
Traduce Eglée Bortot
Después de haber sufrido un duro fracaso durante la tentativa de golpe de Estado del 11 de abril de 2002, contra el Presidente Hugo Chávez, la oposición venezolana, minoría electoral conducida por la organización patronal Fedecámaras, la burocracia sindical de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y un grupo de partidos tradicionales y organizaciones agrupadas en el seno de la Coordinadora Democrática, se ha lanzado a una nueva tentativa de desestabilización. En muchos aspectos, ésta recuerda la estrategia que, en Chile, a principio de los años 70, preparó el derrocamiento de Salvador Allende. Si el paro general, primero "indefinido", luego "irreversible", lanzado el 2 de diciembre por sus dirigentes -¡habiendo prometido el empresariado pagar los días de paro!- sólo ha sido cumplido parcialmente y disminuye al paso de los días, se ha visto reaparecer todos los ingredientes del escenario que presidió el golpe de abril: llamados a la sublevación civil y militar, lanzados desde la "zona liberada" de la Plaza Altamira (urbanización chic de Caracas), por un grupo de oficiales que participó en la tentativa de golpe de Estado del 11 de abril; exacerbación de las tensiones por parte de un aparato mediático transformado en máquina de propaganda, haciéndole el relevo a las tesis de la oposición dieciocho horas continuas al día y llamando abiertamente al derrocamiento del presidente legítimo; creación de condiciones propicias para actos de violencia como pretexto para llamar a la comunidad internacional a objeto de "poner fin al caos". El 12 de diciembre, un tiroteo en circunstancias aún no esclarecidas ocasionó tres muertos y veinte heridos en las filas de la oposición, cuando un individuo, quien fue arrestado, disparó contra las personas concentradas en la Plaza Altamira. Con la casualidad haciendo bien las cosas, el drama tuvo lugar en el momento preciso en que uno de los dirigentes de la oposición, Carlos Ortega, hablaba en directo por televisión, lo que le permitió calificar inmediatamente de "asesino" al presidente, acusado de ser el autor del crimen. Sin averiguaciones ni escrúpulos de ningún tipo, la acusación fue retomada conjuntamente por los medios de comunicación privados; utilización de las víctimas de esta "masacre de Altamira" para lanzar la operación "desestabilización económica", paralizando el centro económico del país, la compañía petrolera del Estado PDVSA, a través de sus ejecutivos, tecnocracia de los "generales del petróleo", partidarios de su privatización.
Esta última medida tuvo consecuencias. La interrupción de la producción afectó fuertemente la capacidad de exportación, provocando pérdidas estimadas en 50 millones de dólares diarios e interrumpiendo los suministros de PDVSA, particularmente a los Estados Unidos. En el contexto de la "pre-guerra" contra Irak, esta falla de uno de sus principales proveedores le da un pretexto a Washington para aumentar la presión para la organización inmediata de elecciones, fuera del marco constitucional, incluso a través del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria, presente en Caracas para promover el diálogo. Más radical aún, la oposición exige "la renuncia" del presidente en ejercicio. Ciertamente, en el estado actual de las relaciones de fuerza, ella perdería probablemente esas elecciones -a menos que se prohíba la participación de Chávez- ¡concepción muy particular de la democracia!
Para prueba, la evolución de la situación en estos últimos días. Desde el 11 de diciembre, hartos de la propaganda cargada de odio que destilan los medios privados, los partidarios del presidente se concentran regular y pacíficamente, al grito de "¡Digan la verdad!", alrededor de las sedes de los canales de televisión y de los periódicos. Diariamente, los defensores de la legalidad democrática toman la calle y reafirman su presencia en un número cada vez mayor. Apoyado por esta movilización popular y por las fuerzas armadas (depuradas de sus oficiales facciosos después del 11 de abril), el poder parece retomar poco a poco el control de PDVSA, aunque parcialmente hasta este momento.
En los últimos días, el gobierno venezolano ha recibido numerosos mensajes de apoyo: Grupo de los Verdes/ALE e Izquierda Unida Europea, Izquierda Verde Nórdica en el Parlamento Europeo, 16 miembros de la Cámara de Representantes Americanos, 39 ONG y aproximadamente 200 personalidades - igualmente americanas - quienes solicitan al Presidente George W. Bush el apoyo de Washington a los gobiernos democráticamente electos, los sindicatos petroleros argentinos, la Central Sindical Única de Uruguay, la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO) colombiana, la Central Única de los Trabajadores de Chile (CUT), la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP), etc.
Por razones de seguridad, el gobierno de los Estados Unidos autorizó a una parte de su personal diplomático para irse de Venezuela. Como la oposición necesita "víctimas", al igual que el 11 de abril pasado (leer En los laboratorios de la mentira en Venezuela), las provocaciones y los auto-atentados amenazan con ensombrecer el futuro próximo porque del desenlace de esta batalla con fuerte olor a petróleo depende el porvenir de Venezuela y el de las reformas sociales que este país necesita con urgencia.