Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
Balance de la situación de derechos económicos, sociales y culturales
Este es un resumen del Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, realizado por Provea, en lo referente a los derechos económicos, sociales y culturales. Estos muestran, en líneas generales, un conjunto de políticas consistentes con los contenidos de cada derecho pero afectados negativamente por la crisis política y las deficiencias de gestión que imposibilitaron los alcances previstos y en otros casos, muestran regresiones.
El derecho a la alimentación registró avances en el plano normativo, dada la aprobación de leyes que protegen la seguridad alimentaria, específicamente, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y la Ley de Pesca y Acuicultura. No obstante, las dimensiones del conflicto político generado por la ausencia de participación en esas leyes y los intereses afectados, conspiran contra la posibilidad de su adecuada aplicación.
En contraposición con estos avances, las cifras disponibles sobre la situación nutricional de la población venezolana muestran un retroceso en todos los grupos de edad, que rompe con una tendencia al descenso que venía produciéndose desde hace dos años. En algunos indicadores como el déficit agudo (desnutrición actual) y los déficit crónicos compensado y descompensado (desnutrición prolongada), se observa un quiebre en la tendencia de disminución que venía produciéndose, en porcentajes bajos, desde 1997 y 1998.
Los planes destinados a la preservación del consumo de micronutrientes como el hierro, el yodo y el flúor, perdieron fuerza, entre otras cosas, por la debilidad institucional en la que se encuentra el Instituto Nacional de Nutrición (INN). En el plano del acceso a los alimentos, la situación se revirtió notablemente, pues la devaluación de la moneda venezolana en los primeros ocho meses del año 2002, fue superior al 80%, con lo cual el aumento salarial del 20% decretado en el mes de mayo, quedó afectado negativamente. Por lo demás, la adopción de algunas medidas económicas entre las que destaca el aumento de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 14,5% a 16%, así como la extensión de productos no exonerados de este tributo, ha tenido hacia el mes de septiembre de 2002, un impacto negativo en el comportamiento del consumo de alimentos, que ya venía experimentando una tendencia a la disminución (entre el 6 y el 10% hasta mediados del año 2001).
Asimismo, los programas sociales que ejecuta el INN han sufrido una parálisis importante, relacionada con la situación interna de la institución, que por tercer año consecutivo se encuentra en proceso de reorganización y tiene un presupuesto deficitario.
Durante el lapso que abarca este Informe prosiguió la mora en materia legislativa vinculada con el derecho a la seguridad social, ya que la Asamblea Nacional decretó dos nuevas vacatio legis, con respecto a la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social Integral.
La obligación del Estado de satisfacer y garantizar el derecho a la seguridad social se manifestó, en el lapso, con el pago puntual de las pensiones y jubilaciones a los afiliados al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y su homologación al salario mínimo urbano. No obstante, la actualización de las pensiones con el último aumento del salario mínimo registró un retraso de seis meses, debido a imprevisiones presupuestarias.
La cobertura del IVSS para el conjunto de la población económicamente activa (PEA) alcanza a sólo el 21 % de la misma. Otra problemática estructural del IVSS es la alta morosidad acumulada, que era, para diciembre de 2001, del 65% para el sector privado y de 35% para el sector público, lo que representa una deuda total de Bs. 2.110,58 millardos.
Preocupa sobremanera la mora que mantiene el IVSS en la incorporación de nuevos pensionados. Aunque 148.495 personas cumplen con los requisitos, no cobran la pensión de vejez, en parte por la lentitud de los trámites burocráticos y, en parte, por decisiones financieras, que limitan a sólo 2.000 las incorporaciones anuales.
Las políticas públicas directamente relacionadas con los derechos laborales resultaron contradictorias. Algunas de ellas apuntaron a garantizar y fortalecer derechos; otras, por el contrario, afectaron negativamente a los trabajadores.
El Ejecutivo Nacional decretó, el 28.04.02, un incremento del 20% del salario mínimo, para todos los trabajadores del sector público y privado; no obstante, y pese a que dicho porcentaje file superior a la inflación acumulada del año 2001 (12,3%), el acelerado aumento de la inflación registrado en el año 2002, redujo drásticamente el poder adquisitivo de los trabajadores. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (TNE) el costo de la canasta alimentaria, para una familia de 5,2 personas, fue de Bs. 201.682 para el mes de septiembre de 2002. El Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda) la ubicó, para el mismo mes, en Bs. 297.773, y Oscar Meza Consultores, en Bs. 320.000. Mientras que en agosto de 2001, un trabajador que devengaba el salario mínimo urbano cubría, según datos oficiales, el 100% de la canasta alimentaria, en este período, también según datos oficiales, cubre tan solo el 94%. Porcentaje de cobertura que decrece sustancialmente si se consideran los estimados que realizan institutos privados.
En el ámbito del derecho al trabajo y la estabilidad laboral, para el lapso que cubre el presente informe, persistieron elevados niveles de desempleo y economía informal. Según cifras suministradas por el INE, para agosto de 2002, el 16,2% de la PEA (1.853.413 personas), se encontraba desempleada, lo que implica un incremento de 2,9% con respecto al mismo período de 2001. Para junio de 2002, el 52,1% de la PEA (5.008.918 personas) se encontraba en la economía informal.
En el plano de la libertad sindical, persistió la intervención del Estado en la dinámica de las organizaciones sindicales, a pesar de las reiteradas recomendaciones de la OIT para que esta intervención cesara; no obstante file menor en comparación con el período anterior En el escenario normativo, la inmediata reacción de los trabajadores contra el Decreto Ley sobre el Estatuto de la Función Pública, que alentaba contra conquistas sociales logradas en años de lucha, obligó a la AN a decretar una vacatío legis con el objeto de reformarlo. Por otra parte, la AN promulgó el Código Procesal del Trabajo (CPT) con una vacatío legis hasta el 11.07.03, salvo los artículos 49,178 y 179, que ya están vigentes. De esta manera se introdujo un cambio sustancial en el proceso laboral venezolano, al incorporarse la oralidad como eje central del proceso e impulsar la conciliación como mecanismo alterno de resolución de conflictos. Como aspecto negativo en el ámbito legislativo, la AN continúa en mora con el mandato constitucional de reformar la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) para establecer un nuevo régimen de prestaciones sedales, pese a que la fecha tope pautada por el legislador venció el 14.08.01.
Los cambios en la orientación las políticas públicas de salud, que hemos señalado en Informes anteriores como consistentes con el derecho a la salud, tienen aún un impacto insuficiente que no logra revertir el colapso del sistema público de salud.
En materia de inversión pública, en el sector salud se registró un incremento de 0,8 puntos del PIB con respecto al año 2001 (1,33%), ubicándose en 2,13%. H presupuesto del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS) de 2002, acusó un incremento de 39,8% en relación con el de 2001, superando, con ello, la inflación acumulada del año 2001, que se situó en 12,3%. No obstante, esta medida fue afectada negativamente cuando en el primer trimestre del año fiscal 2002, el Ejecutivo nacional recortó el presupuesto de gastos y afectó el presupuesto de algunos programas del MSDS, uno de ellos el Programa de Salud Integral.
Por otra parte, la política del MSDS a favor de la gratuidad no se concretó en medidas que garanticen la plena eliminación del cobro a los pacientes por los servicios ofrecidos. De tal forma, se sigue cargando al usuario el costo de los insumos y los medicamentos de las intervenciones quirúrgicas o de exámenes de alto nivel de especialización.
Como aspecto positivo, en la ejecución 2002 del MSDS, uno de los programas prioritarios file la ampliación de inmunizaciones. La inversión para el año 2002 se incrementó en 2,5 millardos de bolívares en relación con el 2001 y se incluyeron nuevas vacunas en el protocolo de inmunizaciones. Sobre las políticas para el tratamiento de enfermedades, en el ámbito de la atención para las personas que viven con VIH/SIDA sobresalen como avances: la reanudación del registro epidemiológico del VIH/SIDA; el financiamiento a proyectos de difusión y prevención a ejecutar con ONG; y la mayor atención prestada, dentro de las políticas de salud, a la maternidad de la mujer seropositiva. No obstante, se siguieron registrando problemas en el suministro de los medicamentos antirretrovirales.
Con respecto a los indicadores de morbilidad registrados al inicio del período en estudio y hasta el primer trimestre de 2002, la tendencia de aumento de enfermedades infecciosas como el dengue, fue revertida en el trimestre julio, agosto y septiembre del año 2002. Hasta la semana 38 (15-21 de septiembre de 2002) el MSDS reportó 30.178 casos de dengue, lo que representó un descenso del 48,5% en comparación con los 58.597 casos reportados para esa misma semana epidemiológica en el 2001. Sin embargo, con respecto al sarampión, enfermedad que estaba prácticamente erradicada, la situación no es alentadora: 2.492 casos fueron reportados hasta la semana 37 (8-14 de septiembre de 2002), destacando Falcón y Zulia como los estados más afectados.
El balance con respecto a la situación del derecho a la educación es dispar. Las autoridades continúan con el enunciado de políticas que apuntan a una visión que garantice la educación como derecho humano.
Sin embargo, en el ámbito de la ejecución, coordinación y gerencia se observan fallas y los resultados concretos, salvo algunas excepciones, son todavía difíciles de constatar. Pueden señalarse como hechos positivos en este ámbito, la continuación de la ratificación de la gratuidad en el acceso a la educación, la emisión de dos decretos a favor de la interculturalidad y la educación bilingüe, el comienzo de una política de becas para mejorar la equidad en el ingreso a los estudios superiores y la decisión (luego de largas negociaciones) de modificar el estatuto del Convenio entre la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC) y el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD) a fin de agilizar la entrega de fondos para el funcionamiento de los planteles dependientes del mismo.
Con respecto a la generalización del derecho a la educación, durante el período se constató un incremento global de la matrícula en 7,5% (del 6 % en las dependencias oficiales) el cual puede considerarse significativo, en tanto ambas cifras superan el crecimiento vegetativo de la población, que se ubica alrededor del 2,5%. Sin embargo, cabe señalar que este crecimiento no es similar para todos los niveles del sistema. En el nivel preescolar el crecimiento fue muy débil y no presenta avances significativos.
Según cálculos optimistas, por lo menos 800.000 niños en edades comprendidas entre 4 y 6 años no acceden a este nivel de educación en ninguna de las modalidades (formal o no convencional). Con respecto a la educación básica, aun cuando es el nivel que está más cerca de lograr la universalidad en el acceso, y a pesar del crecimiento interanual del 4,4 % con respecto al período anterior, aún no se ha podido llegar a los niveles de la década del 90 (93,7%) y menos aún, lograr el 100% de cobertura.
El nivel de educación media continúa creciendo, al incrementarse en un 9,7% en las dependencias oficiales y 4,1 % en las privadas, para un crecimiento global del 7,9%. Este es un signo positivo y alentador porque, junto con el de preescolar, son los dos niveles que históricamente han presentado mayor exclusión. La disponibilidad de aulas en este nivel y la ratificación de la gratuidad en el acceso seguramente están incidiendo en este crecimiento.
De 100 niños que ingresaron a primer grado en 1992-93 en los planteles oficiales, aproximadamente solo 67 llegó a quinto grado, 57 a séptimo y solo 36 a noveno grado. Si realizamos un análisis de los últimos 6 años, se observa que la no prosecución se mantuvo entre un 29 a un 35% desde primero a quinto grado con altos y bajos; entre 42 al 45% desde primero a séptimo, también con oscilaciones entre año a año. Y entre un 73% aun 64% desde 1° a 9° grado. Son preocupantes también los índices de repetición que se ubican alrededor del 10% en primer grado y en 13,5% en séptimo. Cabe destacar que la repitencia es la principal razón por la cual las familias de sectores populares terminan sacando a sus hijos del sistema educativo.
Las acertadas políticas vinculadas con el derecho a la vivienda fueron opacadas por el incumplimiento de metas, la descoordinación y los problemas en la asignación de los recursos en la cadena de ejecución (gobierno central, ministerio rector, organismos ejecutores, gobernaciones y alcaldías).
Las medidas y acciones estatales que se han implementado siguen sin generar un cambio sustantivo en la realidad de un importante numero de familias que se ubica o sufre los rigores del déficit habitacional, estimado en el año 2001, por voceros del sector privado y público en 1.600.000 unidades. Como correlato, persistió la aplicación de políticas represivas, antes que de negociación y formulación de alternativas, frente a la ocurrencia de ocupaciones ilegales en zonas urbanas y rurales. De un total de 27 ocupaciones, registradas entre octubre de 2001 y abril de 2002, un tercio me objeto de desalojos forzosos, en las que se denunció la aplicación de agresiones físicas y verbales que incluyeron entre las víctimas a mujeres y niños.
En esta coyuntura, también se destacan como positivas las acciones desarrolladas en el ámbito legislativo y decisiones adoptadas desde el Poder Judicial orientadas en la defensa y garantía del derecho a la vivienda. Se llevó adelante el proceso de discusión para la presentación y consideración de la Ley de Vivienda y Habitat, que sólo espera por la aprobación de la Ley Marco de Seguridad Social, y que destaca por el nivel de consulta y la participación de los diferentes sectores. Otro hecho positivo fue el inicio del proceso de regularización de tiaras urbanas, como una política de Estado. EI Decreto 1.666 del Ejecutivo y la discusión en el Parlamento, con base en los proyectos de ley para la regularización de asentamientos urbanos, le imprimieron un impulso importante a la organización de las comunidades populares para acceder a su derecho a la seguridad de la tenencia y, por tanto, a una vivienda adecuada. Para julio de 2002, en el Municipio libertador del Distrito Capital estaban conformados 160 comités de tiara y un mes después se inició la entrega de títulos de propiedad a pobladores de la parroquia La Vega, en Caracas.
Durante el período que cubre este Informe, no se generaron cambios substanciales ni en la estructura de la tenencia de la tierra, ni en el uso agrícola de ésta, ni en la calidad de vida de la población rural. Sin embargo, se dio un paso legislativo en el fortalecimiento del derecho a la tierra, al aprobarse la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
El año 2002 estuvo marcado por la fuerte polarización política de la sociedad venezolana. Dentro de este contexto, la sanción a finales del año 2001 de Id Ley de Tierras y Desarrollo Agrario provocó un gran debate nacional y reacciones encontradas entre los diversos sectores involucrados, por su falta de discusión, siendo esgrimida como una de las causas principales del paro empresarial y sindical del 10 de diciembre de 2001. Este proceso debe enfrentar la violencia endémica existente en el campo venezolano, producto de la injusta estructura de la tenencia de la tierra. Así, el comienzo del proceso de adjudicación de tierra en la zona del Sur del Lago de Maracaibo (Edo. Zulia), estuvo marcado por la agudización de las expresiones de violencia. La aparición de la modalidad del sicariato, que cobró la vida de varios dirigentes campesinos en la región, se mantuvo como una tendencia muy preocupante, que exige del Estado una actuación rápida y ajustada a derecho, para evitar una escalada del conflicto entre campesinos y terratenientes.
En el lapso que cubre este Informe, se concretaron algunas medidas estatales favorables a los derechos de los pueblos indígenas, mientras que otras avanzaron muy lentamente. Pese a la mayor visibilidad de las reivindicaciones históricas de estos pueblos en la vida pública nacional, persistió una situación de violación estructural a sus derechos.
Entre los elementos favorables se encuentran: la mayor voluntad política de instituciones como la AN, en donde existe una muy activa Comisión Permanente de Pueblos Indígenas (CPPI); la ratificación, mediante promulgación de Ley nacional, del Convenio Constitutivo del "Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y del Caribe", con el que los países iberoamericanos apoyarán financieramente proyectos de autodesanollo; la entrada simbólica de los restos del cacique Guaicaipuro al Panteón Nadonal y dos decretos presidenciales que reivindican las lenguas indígenas y estimulan una educación intercultural bilingüe.
Por otra parte, el proceso de demarcación de sus territorios avanza muy lenta mente, pese a que su culminación, según la disposición transitoria 12 de la Constitución de 1999, debió haber ocurrido en diciembre de 2001. Igualmente, la AN, aún no ha promulgado la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas ni la Ley de Educación de los Pueblos Indígenas y Uso de Idiomas, cuyos anteproyectos reseñó Provea en el informe anterior.
Por otra parte, estos pueblos siguen sometidos a las presiones de la cultura dominante del criollo y del modelo occidental de explotación de los recursos naturales. Proyectos de desarrollo en sus territorios (ecosistemas privilegiados, de alta diversidad biológica y ricos en recursos hídricos) continúan siendo una grave amenaza para su sobrevivencia. Tal es el caso de los proyectos de explotación minera, forestal, represas hidroeléctricas a gran escala, explotación petrolera y de gas y el turismo.
La situación del derecho a un ambiente sano, para este período, se caracterizó, por la aplicación de políticas incoherentes en materia ambiental y la ausencia de consulta y participación de la ciudadanía y de las comunidades en cuanto a planes y proyectos susceptibles de degradar o causar daños a sus ecosistemas.
En materia normativa se aprobaron la Ley de Pesca y Acuicultura, la Ley de Zonas Costeras, la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos y la Ley de Sustancias, Materiales y Desechos peligrosos. En especial la Ley de Pesca y Acuicultura y la Ley de Zonas Costeras se consideran como un valioso aporte a la conservación de la fauna acuática y las zonas costeras, porque constituyen herramientas de protección para la biodiversidad natural y los procesos ecológicos. En relación con el balance sobre la actuación del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARN) resalta como positivo el desarrollo de planes de tratamiento de aguas servidas, el control de incendios de vegetación y el manejo de desechos tóxicos o de los llamados "pipotes de la muerte", así como el fortalecimiento de la educación ambiental. Actuación que se vio opacada por la ausencia de una intervención estatal permanente, firme y efectiva orientada a neutralizar proyectos contaminantes y destructores del ambiente.
Los serios problemas ambientales y sociales ocasionados por la explotación petrolera y gasífera, lejos de solucionarse se agravaron, a la par que se expandió la frontera de explotación petrolera con nuevos proyectos. Específicamente, los grupos ambientalistas denunciaron el impacto de la apertura petrolera que se desarrolla en la región oriental de Venezuela, en el Golfo de Paria (estados Sucre, Monagas y Delta Amacuro) y el Delta del Orinoco (Monagas y Delta Amacuro). Respecto a los proyectos de explotación de gas natural, se reeditó el cuestionado proyecto Cristóbal Colón, paralizado luego de la intensa movilización su contra, bajo el nombre de proyecto Mariscal Sucre. Aunque el Estado redujo su producción petrolera, no concretó la suscripción del Protocolo de Kioto.
[1] Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, correspondiente al período octubre 2001 - septiembre de 2002, realizado por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
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