Un paso atrás...

Jorge Olavarría

EL NACIONAL - Martes 15 de Abril de 2003

La marcha del 11 de abril y lo que le antecedió desde el paro del 10 de diciembre de 2001 fueron pasos hacia adelante.

Lo que se hizo el 12 de abril fue un gigantesco salto atrás que los desandó todos. La creación de la Coordinadora Democrática en julio, su reconocimiento por el Consejo de la OEA y la instalación de la Mesa de Negociación y Acuerdos con la facilitación de César Gaviria, fueron pasos hacia adelante. La utilización de la Coordinadora y de la Mesa de Negociación como trampolín de ambiciones políticas extemporáneas y bastardas fueron pasos atrás.

Las colosales marchas diarias del paro de diciembre fueron expresiones de la magnitud y fortaleza de una rebelión cívica sin precedentes y, en este sentido, fueron pasos adelante. La carencia de un liderazgo con la visión estratégica que se necesitaba, llevó a que el paro fuera un salto atrás.

La iniciativa de Súmate de suplir con la "operación firmazo" el vacío del abortado referéndum consultivo que debía realizarse el 2 de febrero, fue un paso adelante. El abuso del entusiasmo y la credulidad de quienes trabajaron en su realización y acudieron a firmar, fue un salto atrás. Las maniobras para privilegiar en la propaganda la proposición de la enmienda y la introducción de varios documentos inocuos, redundantes o absurdos, fue síntoma del enanismo político y la miopía estratégica que hace que una dirigencia política que ha tenido todo lo que se necesita para lograr el objetivo de sacar a Chávez del poder, no lo haya logrado y baile con una música que les hace dar dos pasos adelante y uno para atrás.

Tras un año de ilusiones y frustraciones, el derecho a exigir un referéndum revocatorio como lo consagra el artículo 72 de la Constitución, se ha impuesto por su propio peso, como la más lógica y la más viable de todas las vías que tiene la oposición para sacar a Hugo Chávez del poder, pues es la única que puede hacerlo con un procedimiento pacifico, democrático constitucional y electoral que no es necesario negociar, sino simplemente ejercer.

El acuerdo de 22 puntos firmado por todos los representantes del Gobierno y la oposición debe ser y puede ser visto por todos como un paso positivo, capaz de resolver la crisis en la cual nos estamos quemando. Este acuerdo establece que la oposición ejercerá su derecho a solicitar un referéndum revocatorio del mandato del presidente Chávez; que el Gobierno no lo obstaculizará y cumplirá con todas las obligaciones financieras y de seguridad que le corresponden al Poder Ejecutivo en la organización de referendos, y que la OEA, las Naciones Unidas y el Centro Carter prestarán al CNE el apoyo directo que se requiera y colaborarán con recursos humanos y materiales, ofrecidas por estas tres organizaciones para este fin.

El punto 12 de ese acuerdo establece que "se prevé la eventual celebración de un referendo revocatorio del mandato del Presidente de la República, si así se solicita por el número exigido de electores y se aprueba por el nuevo Consejo Nacional Electoral, una vez que se establezca que se han cumplido los requerimientos constitucionales y legales." Esto, que es cierto e irreprochable, no parece haber sido bien entendido. Está claro que quienes deben tomar la iniciativa de solicitar un referéndum revocatorio al CNE, son los que desean revocar el mandato electoral de Hugo Chávez, que debe ser 20% de los electores inscritos al momento de hacer la solicitud, la cual sólo se puede hacer después de haber transcurrido la mitad del periodo, el cual ha quedado establecido que es el 19 de agosto.

En varias ocasiones he expresado reservas acerca de la legalidad y validez del texto de la planilla de El Firmazo del 2 de febrero, relativa al referéndum revocatorio.

Muchos piensan que estas planillas valen para esto. No valen. Su texto tiene vicios de fondo y de forma que las invalidan. Veamos.

Lo que más de 3 millones de venezolanos firmaron confiando en que estaba bien redactada dice así: "Nosotros, los firmantes de esta Planilla, inscritos en el Registro Electoral, tomamos la iniciativa de convocar a un referendo revocatorio del mandato del presidente de la República, ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, de conformidad con lo establecido en el artículo 72 de la Constitución. A tal efecto, sugerimos la siguiente pregunta: De conformidad con lo previsto en el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, está usted de acuerdo con revocar el mandato al presidente de la República, ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías?".

Los electores que deseen revocar un mandato electoral de acuerdo con el artículo 72 de la Constitución, tienen el derecho de solicitar al Consejo Nacional Electoral la convocatoria de un referéndum revocatorio; no tienen el derecho de tomar la iniciativa de convocar ellos mismos a un referéndum revocatorio, como dice el texto de la planilla de El Firmazo. La solicitud para convocar un referéndum revocatorio debe estar dirigida al Consejo Nacional Electoral. Éste debe examinar si la solicitud cumple con los requisitos que para su validez establece el artículo 72 de la Constitución: básicamente que 20% de los electores inscritos haya solicitado con sus firmas la celebración un referéndum para revocar el mandato de un funcionario electo, después de haber transcurrido la mitad de su periodo.

Pero el texto de la planilla de El Firmazo no es una solicitud. Es, o parece ser una proclama que propone usurpar funciones que le corresponden al CNE. Léanla bien: "Nosotros, los firmantes de esta Planilla, () tomamos la iniciativa de convocar a un referendo revocatorio" Esto no es una solicitud. Es una proclama que ni siquiera está dirigida al Consejo Nacional Electoral, al cual no menciona para nada. El resultado de esto es que, lo que más de 3 millones de ciudadanos firmaron de buena fe creyendo que estaba redactado correctamente para lograr el propósito de que el CNE convocara a un referéndum revocatorio del mandato de Chávez, es un llamado a una usurpación subversiva, que como tal es nula, y que en todo caso, es inaceptable como precedente por la autoridad electoral.

En cuanto a los errores de forma, la Sala Constitucional del TSJ había establecido en sentencia del 5 de junio de 2002, los requisitos básicos de procedencia de una solicitud de convocatoria a un referéndum revocatorio. Esa sentencia estableció las formalidades esenciales para hacer una solicitud al CNE para que se procediera a convocar el referéndum revocatorio de mandatos electorales.

¿Por qué la planilla de El Firmazo no se ajustó a lo que esta sentencia estableció? ¿Por qué incurrió en errores de fondo y forma que lo invalidan? El caso es sorprendente.

La sentencia del 5 de junio de 2002 que interpretó el artículo 72 y señaló como debía hacerse la solicitud para un referéndum revocatorio, fue resultado de un recurso de interpretación introducido el 21 de febrero de 2002 por los ex gobernadores de Tachira y Mérida Sergio Omar Calderón y William Dávila. Ambos son prominentes miembros de la Coordinadora Democrática. ¿Fueron ellos o sus abogados asistentes en ese recurso, consultados por quienes redactaron el texto de la planilla de El Firmazo? Si lo fueron ¿cómo se explica que el texto de la planilla que se suponía debía solicitar al CNE la celebración de un referéndum, haya sido redactada en tal forma de hacerla nula de nulidad absoluta y que no cumpliera con otros requisitos de forma de los cuales también adolece la planilla de El Firmazo?.

La incertidumbre acerca de cual es la fecha exacta de la mitad del periodo constitucional de Chávez, había sido resuelta en una sentencia de la Sala Constitucional del 5 de abril de 2001 dictada con ocasión de otro recurso de interpretación. A pesar de esto, algunos analistas puntillosos que se creen más perspicaces que los demás, seguían insistiendo que el referéndum revocatorio debía ser descartado porque era una trampajaula del Gobierno, pues la mitad del periodo no era el 19 de agosto de 2003 sino una fecha posterior. Ello hizo que el TSJ hiciera publico el 3 de febrero una nota de prensa en la que aclaró el punto. Sin embargo, como la mitad del periodo de los mandatos electorales varía, la sentencia del 5 de junio de 2002 estableció como requisito de forma para solicitar un referéndum revocatorio que "Resulta imprescindible a los fines de probar el cumplimiento del mencionado requisito (mitad del periodo) que la solicitud de revocación del mandato exprese con claridad el nombre y apellido del funcionario cuestionado y el cargo para el cual fue elegido popularmente con indicación de la fecha de toma de posesión efectiva del mismo". La planilla de El Firmazo no cumple con este requisito de forma. La sentencia establece que "la solicitud debe ir acompañada de los nombres y apellidos, números de cédulas de identidad y las firmas respectivas para que sean verificadas por el Consejo Nacional Electoral la observancia de la exigencia constitucional de la iniciativa popular representada por 20% de los electores y electoras constatando a través de la Comisión de Registro Civil y Electoral.

La planilla de El Firmazo no contiene solicitud alguna al CNE para que verifique lo que debe ser verificado.

Es más, ni siquiera menciona al CNE.

El magistrado de la Sala Constitucional, Antonio García García, autor de la ponencia aprobada por unanimidad el 5 de junio de 2002 interpretó de manera intachable y acertada el sentido y alcance del artículo 72 de la Constitución que establece la revocatoria popular de mandatos electorales. Esta sentencia ha debido y debe ser bien leída y mejor entendida por quienes asumieron la responsabilidad de presentarle a los centenares de miles de venezolanos que acudieron a firmar un documento que se presumía tenía como propósito solicitar un referéndum revocatorio del mandato de Hugo Chávez. Entre otras cosas, la sentencia ratifica que "la solicitud de convocatoria de un referéndum para revocar el mandato de una autoridad electa () sólo puede tener su origen en una iniciativa popular y no en la iniciativa de órganos públicos, dado que esta última posibilidad no se corresponde con la ratio de la institución, cual es que el cuerpo electoral que eligió, considere conveniente someter a revisión la actuación de sus representantes".

Los que quieren que el mandato de Chávez le sea revocado son los que tienen qué hacer lo que es necesario para que eso suceda, y hacerlo bien. Si no quieren que Chávez salga, pueden chillar que Chávez no se contará y hará trampa y no hacer nada, o hacer algo y hacerlo mal para que cuando se les niegue la solicitud, como sucederá si insisten en presentar las planillas de El Firmazo, chillen que se les hizo trampa.