Conexión Social
9 de diciembre de 2004
Agenda político-institucional para el año que comienza: Todo el Poder para el Pueblo Organizado para impulsar el Estado Popular Participativo
Consideramos que el objetivo primordial de todos los revolucionarios para este año venturoso que comienza es la promoción de la organización popular para que asuma el poder que le corresponde en el nuevo proceso político, basados en la nueva Constitución Bolivariana. Como el poder debe tener una dimensión nacional, las organizaciones locales deben estar interconectadas para transmitirse información y experiencias, para debatir propuestas y políticas, locales y nacionales; para organizarse política y administrativamente, y, finalmente, para constituirse en redes de intercambio de bienes y servicios con el objeto de promover la economía social y eliminar las ineficiencias de la intermediación conectando directamente a productores y consumidores.
El objetivo final es promover un nuevo Estado Popular Participativo y Solidario, que sustituya al actual, con todos los vicios del pasado, para que por un lado se haga realidad la propuesta política participativa y se elimine la ineficiencia, en particular la que viene de la corrupción en todas sus manifestaciones (robo y desvío de recursos, ineptitud, incumplimiento del trabajo, tráfico de influencias, nepotismo, amiguismo, sectarismo, tribalismo, clientelismo); por otro lado, para que se impulse la economía social (cooperativas y otras formas de asociación solidaria para la producción y distribución de bienes y servicios) y la eficiencia económica, y, finalmente, para que se garantice el máximo bienestar individual y social a la población.
No ahondaremos aquí en las razones, conocidas, que justifican la coincidencia de la aplicación cabal de los derechos políticos de la población, con la obtención de la eficiencia económica y social. Sólo diremos que tienen que ver con correcta definición de prioridades sociales basadas en las preferencias reales de la población (y no inducidas o manipuladas mediáticamente, ni usurpadas por grupos de interés, ni traicionadas por promesas de representantes electorales oportunistas); la garantía de la eliminación del problema del "agente-principal" entre el representado y el representante en la gestión pública; la capacidad superior y a menor costo de fiscalización de la ejecución de lo programado por parte de la población, y la drástica disminución de la corrupción como consecuencia de ello; la disminución de la inseguridad y la eliminación de la "trampa de la pobreza" mediante el crecimiento de largo plazo debido a la eliminación de las grandes desigualdades de oportunidades; y, finalmente, el cabal aprovechamiento en la minimización de ineficiencias económicas mediante la solidaridad en aspectos en los cuales falla tanto el mercado como el Estado tradicional, como en la provisión de bienes públicos (como ejemplo está el movimiento de Software Libre y la generación del la "comunidad del conocimiento"), la falta de mercados financieros completos (como ejemplos están la solidaridad entre vecinos en comunidades pobres, y la formación de mutuales contra el riesgo), información asimétrica (como ejemplo están las cooperativas, que resuelven problemas de transmisión de información tanto entre dueños y gerentes, como entre gerentes y empleados, así como problemas típicos de mala distribución del ingresos entre los beneficiarios de una actividad económica común), problemas de definición de derechos de propiedad (ejemplo es la cogestión en empresas públicas que pasan a ser co-propiedad, de hecho, de los trabajadores, que tiene fines comunes con el Estado que, como representante de toda la sociedad, establece objetivos y prioridades de toda la población), etc.
La única garantía de que nuestro proceso político no continúe cayendo en los vicios del pasado, tenga continuidad, y se profundice, es garantizar el objetivo de la nueva Constitución Bolivariana de profundizar la democracia mediante la participación ciudadana mucho más allá de actos electorales para designar representantes. Estos representantes, detentores del poder popular, muchas veces han surgido como creaciones mediáticas, dominadas y dirigidas por grupos de poder económico que persiguen fines particulares alejados, e incluso contrapuestos, a los intereses populares. Pero incluso si han surgido representando aspiraciones y necesidades legítimas de la gente, como en el caso de muchos autodenominados "revolucionarios", han traicionado en la práctica, con demasiada frecuencia, esas aspiraciones, igual que en el pasado reciente, para perseguir ya sea las propias directamente, apropiándose de los recursos que pertenecen a la gente, o las de grupos de interés a los cuales venden, ellos o sus designados, en procesos viciados normalmente por clientelismo de grupos de poder, políticas públicas, leyes, reglamentos y hasta decisiones judiciales. La esperanza está en los líderes auténticos que todavía perviven en la administración pública, por un lado, pero, sobre todo, por la irrupción de la participación organizada de la población, no simplemente para opinar, estudiar, apoyar de palabra o con marchas, con firmas o con votos, sino para conformar, para formar parte, del nuevo Estado Popular Participativo que toma decisiones, las gestiona y las supervisa.
Este proceso de usurpación del poder político de la gente por sus "representantes" ha tenido como consecuencia la "división" de la población, por un lado, y la llamada "mala administración", por otro. En el pasado, las pugnas entre candidatos y sus grupos, más que representar pugnas ideológicas, de propuestas, significaban disputas para usurpar el poder, y con ello los recursos, de la población. Se vendían, o se pagaban, a los grupos económicos poderosos las decisiones más cruciales, y a veces las disputas daban lugar a acuerdos, mal llamados "de coexistencia pacífica y democrática", entre contrincantes por la usurpación, como en el caso del pacto de Punto Fijo. La verdadera división está basada, por supuesto, en las diferencias en la distribución de la propiedad y de las oportunidades. Y la división ficticia ha sido en el pasado entre distintos vendedores a un sólo comprador, con sus complejidades, está claro. En el presente esta realidad persiste en distintas instancias, en distintas regiones y localidades, incluso entre personas que se hacen llamar "revolucionarios". De hecho, dichas personas y grupos están pendientes, en los procesos electorales, en aspirar a cargos sin ser líderes genuinos de la gente, y se dan los tristes episodios de que distintos grupos en disputa llegan a acuerdos para repartirse cargos, como en el pasado, sin consultar a la base. No es casualidad que posteriormente mucha de esta gente traiciona los objetivos del proceso político programado en la Constitución Bolivariana. Frente a esto, la única garantía de la unidad es la participación de la gente, en asambleas de ciudadanos, decidiendo sus prioridades y designando a su propia gente, conocida de ellos por contacto directo, para que ocupe los cargos de representación. En una feliz coincidencia entre el deber ser y lo que será, por motivos históricos, la garantía de la unidad es también la garantía de la buena administración de los recursos públicos. Por si fuera poco, es la garantía también del impulso sin precedentes del bienestar y el empleo por la vía del impulso de la economía social solidaria, utilizando oportunidades no aprovechadas con anterioridad.
Es por todo lo anterior que se pretende impulsar la consigna prioritaria para el año que comienza: "Todo el Poder Para el Pueblo Organizado", dadas las necesidades históricas de profundización de la democracia, tanto por derecho, como por necesidad, como se expuso arriba, para garantizar a la vez los tres objetivos de la unidad, la eficiencia administrativa y el bienestar, a la vez que para evitar los inmensos peligros de que el proceso sea absorbido por la corrupción, que ya empieza a verse de manera preocupante, a pesar de esfuerzos notables de algunos líderes (entre ellos el Presidente, estamos seguros) y para evitar igualmente la división de la sociedad y la guerra civil. También se toma en cuenta para impulsar esa consigna la coyuntura electoral, tanto para evitar que los Alcaldes inescrupulosos "raspen la olla" presupuestaria en la primera mitad del año en que aún mantienen el cargo, ya sea para propósitos de corrupción directa, o para propósitos electoralistas de la estrategia "pan y circo", como para evitar las imposiciones "a dedo" de candidatos a Alcaldes, promoviendo en el proceso el surgimiento de representantes auténticos, de legítimos líderes surgidos de las comunidades, que garantizan, entre otras cosas, frente a las componendas y repartición de cuotas de poder, local, regional o nacional, la unidad desde abajo.
Es de hacer notar que nuestro análisis de la coyuntura electoral debe tomar en cuenta el asunto de los /referenda/ revocatorios. No es un secreto que la mayor parte de la oposición está impulsando una estrategia mediática que consiste en desconocer la legitimidad del Consejo Nacional Electoral para justificar el impulso de una protesta, en las calles, "para defender hasta con la sangre, si fuera necesario" las firmas que presumiblemente suman la cantidad necesaria para permitir el proceso revocatorio del mandato presidencial. Mientras una parte de la población cree que no se recogieron suficientes firmas para el proceso revocatorio presidencial, otra fervientemente cree lo contrario.
Según nuestras fuentes de información, bastante confiables, no se lograron recoger suficientes firmas, pues eliminando las firmas inválidas, teniendo en cuenta los procedimientos del CNE, y teniendo en cuenta que las firmas válidas contra diputados no deben contarse contra el Presidente, las firmas están, con un grado de certeza bastante grande, entre un millón novecientas mil y dos millones cien mil firmas. Si esto lo sabe la dirigencia de la oposición, que debe saberlo, por supuesto, la campaña para afirmar que hay más firmas no puede interpretarse sino como una estrategia para engañar, en consonancia con quienes dominan los medios internacionales, a la opinión pública internacional con el fin de justificar intervenciones y/o insurgencias violentas internas. Desde luego que esta es una estrategia, además de antidemocrática, genocida, que llevará a un enfrentamiento violento entre la gente, y ya hay fuertes evidencias que un sector de la población está siendo preparado para ello. Las personas que legítimamente se oponen al gobierno actual, que sin saber la verdad, son liderizados por esa dirigencia sin escrúpulos, deben darse cuenta, antes o después del enfrentamiento violento que se está preparando, cuáles son sus verdaderos intereses. Esa dirigencia lo que quiere es recuperar sus prebendas malhabidas del pasado, aún a costa de sus vidas, que provenían de la usurpación del poder popular, del poder de esa gente engañada, para provecho propio y de sus verdaderos dueños, la oligarquía venezolana.
Ante esta división artificial que ha conducido en el pasado a perder sus derechos económicos y sociales, además de políticos a los venezolanos, y en el presente al enfrentamiento violento y a la muerte, el movimiento por la unidad participativa de la gran mayoría de los venezolanos, que tiene los mismos intereses (necesitan todos mejor atención médica, mejores escuelas, mejor vialidad, más seguridad, empleo, mejores condiciones de vida) que pueden ser garantizados por políticas públicas de mucho consenso hoy en día, según las más modernas doctrinas del pensamiento económico, propone desconocer a los líderes que propugnan el enfrentamiento violento y organizarse en asociaciones de vecinos, Consejos Comunales, para asumir el poder que les corresponde según la nueva institucionalidad. La clase media venezolana, en particular, puede tomar decisiones, gestionar y hacer seguimiento de las política públicas a nivel local, regional y nacional a través de los mecanismos institucionales de participación que hace falta promover a partir de ahora, y puede designar a sus verdaderos líderes, a los representantes de sus preferencias, de sus intereses, que son los mismos líderes de las clases populares, dada la coincidencia entre los imperativos espirituales, éticos, políticos, empíricos y teóricos presentes en la más moderna literatura económico-social. La teoría nos une, y la práctica debe hacerlo también, en un proceso histórico nuevo que se inicia ahora. Lo que sí es cierto es la contradicción fundamental entre la gran mayoría de los venezolanos, las clases pobres y las clases medias, con las oligarquías que no se conforman con disfrutar de inmensos privilegios que vienen de la distribución desigual de la riqueza, con frecuencia acumulada ilegal y fraudulentamente, sino que pretenden usurpar los derechos de esas mayorías y expropiarlos de su bienestar para provecho propio con la complicidad de los políticos oportunistas antes descritos. Estos políticos y estos oligarcas, y sus medios de desinformación y engaño, no tendrían oportunidad si el poder viene de la base, y tendrán que acostumbrarse a vivir de su trabajo, como todos los demás. Tampoco los advenedizos del presente, los oportunistas que quieren hacer fiesta de las nuevas oportunidades que se han abierto para provecho ilegítimo, tendrán oportunidad alguna si el poder de la base es el que impera. Y ese poder, posibilitado por la nueva estructura legal, hay que construirlo. El llamado, pues, es a la unidad de todo el pueblo venezolano, la unidad desde abajo para el rescate de la dignidad, de la verdadera paz y de la mayor suma de felicidad posible, como decía Simón Bolívar, libertador de todos los venezolanos, y de gran parte de los latinoamericanos.
Con estos objetivos en mente, plasmados en la meta de la planificación,
gestión y control participativa, solidaria, unitaria, amplia y
coordinada nacionalmente, se aprobó la siguiente estrategia para el año
que comienza para los promotores de las comunidades organizadas
(especialmente los Consejos Comunales y Locales de Planificación
Pública), conectadas regional y nacionalmente: