Palabras pronunciadas por el entonces Senador Pompeyo Márquez ante el extinto Congreso Nacional , corría el año 1979.

Señores he pedido el derecho de palabra para referirme a un problema que consideramos de verdadera urgencia. Pero quisiera antes de entrar a su fundamentación hacer tres breves consideraciones; La primera, que con este acto estamos cumpliendo un compromiso que adquirimos el año pasado con algunas asociaciones de vecinos, juntas de defensa, como la de Carayaca, para citar la más cercana a Caracas, y que tuvo expresiones en la prensa capitalina al intercambiar opiniones con algunos personajes del foro nacional, que hicieron observaciones a los planteamientos que sobre Ejidos y Baldiós y concretamente sobre Playa Moreno y algunos otros del Estado Nueva Esparta hiciéramos en aquella oportunidad.

En segundo lugar, quisiera subrayar la idea de que éste es un tema urgente y delicado, porque él está vinculado a muchas situaciones, entre otras a los casos de corrupción administrativa, que se han colocado en el debate público en estos meses de 1979. Allí el MAS, su dirección nacional, contrajo también públicamente el compromiso de traer al Congreso Nacional un debate de esta naturaleza. En la declaración que sobre la corrupción administrativa y el estado de corrupción general que sucede al país diéramos en febrero, ubicamos en un lugar destacado todo cuanto tiene que ver con el tráfico de influencia, con el despojo, con el robo, que de los dineros de la nación se vienen haciendo. Por cierto, que en esa declaración que luego reiteraran nuestros compañeros diputados Juvencio Pulgar y Teodoro Petkoff en la Cámara de Diputados, hacíamos mención a numerosos casos, entre ellos el de la Fragata y el del avión Presidencial, pero que éstos iban acompañados de una lista bastante grande de otros hechos que ameritan ser investigados con profundidad.

La tercera consideración, es que quisiéramos que este debate se sustrajese de la anécdota subalterna, de las malas intenciones, de los argumentos torcidos; quisieramos hacerlo con el máximo de seriedad de documentación, apoyandonos en estudios que no son nuestros, que son frutos de diversos organismos, de la Procuraduria General de la Nación, del Ministerio de Agricultura, del novisimo Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, que han sido motivo de obras y desarrollo por parte de juristas conocidos y de gran autoridad intelectual y moral ante el país.

La documentación que nosotros manejamos y que apenas traemos una muestra al debate de esta tarde, es una documentación idónea y las argumentaciones que desarrollaremos tienen el respaldo de un grupo de abogados socialistas y de otros abogados que no son socialistas, pero a quienes hemos acudido desde hace muchos meses para poder hilvanar el planteamiento que traemos ante ustedes. Porque estamos en presencia de una situación que definimos con una frase: "LA INTEGRIDAD TERRITORIAL DE VENEZUELA SE ENCUENTRA EN PELIGRO". Y estamos ante ese peligro y estamos bajo la presión de poderosos intereses que impiden que infrentemos ese peligro con la urgencia que él nos plantea.

La corrupción ha invadido la escena nacional.

-Hablar hoy de corrupción es hablar de la culpa de los máximos gobernantes.
-El Congreso Nacional debe designar una Comisión Especial dotada de plenos poderes para investigar las dos últimas administraciones.
-Hoy todo procedimiento corrupto encuentra campo abierto a sus designios. Da la impresión que los muros de contención al pillaje desde cualquier posición de poder, se hubieran debilitado al máximo.
-De no cortar la estéril retórica, proseguiría la sensación de impunidad ante la corrupción que, en definitiva, tanto AD como Copei han sembrado.
-Es hora de mayor resistencia ante el delito y de mayor decisión si no se quiere ser complice del robo.
-El país necesita confiar en la posibilidad de maniatar a los saqueadores del erario, a los traficantes del poder, a todos los que a fuerza de billetazos atentan contra el ideal democrático.

Duele e indigna que el poder politico venezolano esté tan asociado a la corrupción administrativa. Tanto lo está que semejante asociación ha terminado por adquirir visos de normalidad. Sólo algunos casos de abusos desmesurado son los que promueven sobresalto y censura. La corrupción es la grata compañera de unos gobiernos y unos sectores dominantes que en la misma medida de su incapacidad para construir un país moderno y justo, han demostrado habilidad cuando de robar se trata. La frase según la cual "todos los gobiernos roban" es la traducción de una convicción mayoritaria, que al mismo tiempo que indica cierto conformismo, señala la degradación de los códigos morales por culpa de quienes han ejercido o controlado el poder. Y es que toda la sociedad venezolana, desde hace mucho tiempo, ha debido contemplar pasivamente la magnitud de la corrupción al paso de nuestra historia. El exagerado centralismo, el ventajismo ejecutivista, y junto con ellos la reducción de los demás poderes publicos; han sido el trampolin para el aparecimiento de súbitas fortunas o para la multiplicación de las que ya eran gigantescas.

Numerosas familias entre las que exhiben su opulencia están vinculadas a la sucesión de peculados y saqueos que Venezuela ha padecido. Bajo dictaduras y bajo democracia siempre se ha conseguido la forma de evitar la formal majestad de la ley. Los pocos castigados no son sino la excepción que demuestra la regla. Si algo ha cambiado ha sido la forma más refinada de robar que es típica de la democracia petrolera de nuestros días. La solemne Comisión Investigadora del Enriquecimiento Ilicito apenas sirva para recordarnos que se puede robar el tesoro público sin temer a la acción de la ley, y si acaso castiga a alguien, será a un humilde funcionario y nunca al rico empresario sobornador ni al jefe partidista que supo combinar su provecho personal con los robos en nombre del partido, para que desde las cumbres de éste surgieran las influencias protectoras. Pero si la corrupción ha sido cosa de siempre, actualmente ha superado sus propios niveles, al punto que el escándalo se convierte en constante.

Los abusos de la corrupción ha cubierto un espacio tan grande del poder, que AD y Copei no se acusan mutuamente por lo que uno u otro hayan dejado de hacer en bien de las mayorias sino por la responsabilidad y complicidad que uno y otro han tenido frente a la corrupción. Dos partidos que no procuran transformar el injusto orden social del capitalismo venezolano, que compiten entre si para no perder los favores de los sectores oligárquicos, y que en sus gobiernos han debido ser tolerantes ante la voracidad de toda clase de peces gordos y de "apostoles", tienen que encontrar en la colosal corrupción de los últimos años un arsenal de argumentos que alimente la confrontación a la cual los obliga la disputa por el poder, especialmente si ahora vivimos momentos de transición en el disfrute del gobierno.

Pero sea cual fuere la motivación que los lleva a acusarse mutuamente, más allá de ella queda claro que en la corrupción están comprometidas altas responsabilidades y altas complicidades. De allí que digamos que junto a la guerra publicitaria y a la intención manipuladora con que suelen manejarse las acusaciones, los protagonistas de la discusión están retando a la conciencia de los demás venezolanos, incluidos aquellos que en el seno de AD y Copei han condenado sinceramente el historial de corrupción que afecta a ambos partidos.

Ya no bastan las condenas verbales. Ya no puede tratarse de escaramuzas habilidosas dirigidas a golpear el adversario sin atacar al mismo tiempo las raices de la corrupción. De no ser así, de no cortar con la estéril retórica, proseguiría la sensación de inmunidad ante la corrupción que, en definitiva, tanto AD como Copei han sembrado. Semejante impunidad degrada a la democracia venezolana, y es también un riesgo sobre ella. Por lo tanto, emplazamos a las direcciones adecas y copeyanas, y de modo particular decimos a quienes van asumir la conducción del país, que el anuncio de combatir la corrupción no pasará de ser un engaño de pesadas consecuencias si no se comienza por enfrentar los casos que todo el país conoce y que son objeto de comentario en los más diversos medios. Los que a continuación citamos son apenas una muestra:

-Los casos en los cuales aparece incurso Diego Arria: Centro Simón Bolívar, y sus diversas administraciones, autobuses Leyland, Camuri Chico, y el Cementerio de la Vega.
- Las negociaciones sobre el cemento, las fragatas y el avión presidencial:
-Las pérdidas en negociaciones cambiarias realizadas por el Banco Central.
-El insólito caso del Banco Nacional de Descuento, que aparece a la luz pública como una gran estafa realizada al amparo de la Superintendencia de Bancos y del Banco Central. Esta investigación es urgente para detener una compra de acciones que significaría un visto bueno a operaciones que deben ser sancionadas;
-Lo que acontece con los baldios de Playa Moreno y la Auyama que brotaron a la luz pública a raíz del asesinato del abogado Carmona y donde se asocia el nombre de Avila Vivas, exgobernador de Nueva Esparta;
-La situación en la cual se encuentra el señor José Gregorio Montilla, Secretario General de AD en el Estado Apure y sobre quien pesa señalamientos que cursan ante la CIEI.
-La investigación sobre la venta y traspasos de ejidos a lo largo de estos 10 años lo cual, en la mayoría de los casos, son verdaderos fraudes contra los municipios; igual revisión debe hacerse con los baldíos a escala nacional.
Además, bien se conoce que millares de expedientes reposan hoy en manos de la Contraloría, de la Fiscalía y de la CIEI. Una vez más repetimos que tales casos no deben serles desconocidos a los dirigentes de AD y COPEI.

Ellos lo saben
Ellos lo silencian
Ellos los protegen

A veces se trata de proteger a "propios compañeros de partido" y a veces de callar en nombre del equilibrio político, de las relaciones entre AD y Copei, pero siempre se ha sido complaciente, mientras pagamos las consecuencias la aplastante mayoría de compatriotas. Al pronunciarnos de esta manera no se nos oculta la preocupación de algunos conductores de las organizaciones de poder, y de vastas legiones de sus respectivas militancias respecto a lo que parece ser la inercia gobernante en materia de corrupción. Sin embargo, nos vemos obligados a señalar que es hora de mayor resistencia ante el delito, de mayor obligación frente a la salud de la democracia, de mayor consecuencia y más sólido respeto frente al electorado; es hora, en fin de mayor decisión si no se quiere ser cómplice del robo.

Por otra parte, si la corrupción ha alcanzado los escandolosos niveles que hoy tiene, en buena medida son culpables los partidos que han gobernado, al negarle al país instrumentos legales que superan la evidente ineficacia de los actuales. Aún más, han reducido al mínimo la acción de la CIEI, y violando descaradamente el ordenamiento legal, fueron incapaces de acordar el nombramiento de una nueva comisión, a causa de los problemas para saciar el apetito burocrático de Copei y AD. Desde luego, la cuestión no consiste solamente en respetar los plazos ordenados por la Ley sino en ir al problema de fondo, que no es otro que la reforma urgente de los recursos legales para detener la corrupción, incluida en dicha reforma de la CIEI o cualquier organismo con igual función. A esta exigencia de la democracia venezolana, Copei y AD prestaron oidos sordos. Cuando en el año 1974 el MAS presentó en el Parlamento un proyecto de Ley en el sentido que reclamamos, ambos partidos lo condenaron al desprecio. poco después el gobierno introdujo su proyecto de reforma y ni siquiera se dispuso a aprobarlo con su propia mayoría, porque AD no quiso molestar a los sempiternos beneficiarios del poder. Y podemos agregar otra señal de tan inexorable negligencia con lo ocurrido en el 77 a raíz del informe presentado por el Contralor José Andrés Octavio. Entonces hubo motivo para el asombro y para la condena de numerosas irregularidades, pero tras la gimnasia retórica fueron engavetadas las proposiciones surgidas a causa de dicho informe. Véase, pues, con los ejemplos referidos, cuan lejos se ha estado de asumir la responsabilidad necesaria, y cuanta culpa recae sobre aquellos que han bendecido la corrupción o se han resignado tan fácilmente ante ella. Por último, lo sucedido con el ex-Contralor Mucci Abraham encaja a perfección con cuanto narramos. Resultó personaje molesto en el reino de Ali Babá.

Hablar hoy de corrupción es hablar de la culpa de los máximos gobernantes. En polémicas públicas y en comentarios privados aparecen los nombres de algunos Presidentes, sobre todo de los que en el tiempo nos resultan más cercanos.

Queremos decir algunas palabras sobre el tema.

Al margen de las razones y de los proyetos que buscaba el ministro Lauria al señalar las responsabilidad de Rafael Caldera, lo cierto, para nosotros, es que el proceder de éste en los casos señalados no nos deja satisfechos. No queremos cuestionar su honorabilidad, pero tampoco vamos a soslayar su obligación como gobernante, ni menos a creer que por obra de algún misterioso influjo, su gobierno estuvo tocado por la santidad en el sentido de impedir el fenómeno de la corrupción administrativa. En consecuencia, no podemos compartir el irracional propósito de algunos voceros copeyanos, como el senador Godofredo González y el diputado Eduardo Fernández, que han reclamado para Caldera poco menos que la gracia divina. Ni semejante actitud es propia de los tiempos que corren, si sirve para ganar indulgencia con el escapulario ajeno de la opinión pública. La actitud enroscada a Caldera, incluso en los términos que él mismo ha admitido cuando se defendía de las acusaciones, no puede ser tomada como ejemplo en la conducción del combate de la corrupción.

Los expedientes puestos en manos del ex-presidente no eran de su propiedad. El Estado no nace con Caldera ni muere con él. Y si de seis mil denuncias que recibió su Oficina de Quejas resultaron seis mil inocentes, no hay más remedio que concluir en el sarcasmo, en la convicción de que más valia la intención efectista que la firme voluntad de erradicar la corrupcción cometida por "honorables" culpables. Es así como se armonizan las voces del gobierno y la de los sectores dominantes, aunque el Presidente en mayúscula y en términos abstractos no haya metido la mano en ningún negocio sucio.

En todo caso, si el hombre del maletin apuntaló la candidatura que en el 72 era preferida por Caldera, en contra de Herrera Campíns, ¿por qué suponer qué podian violarse en el partido Copei las normas de la moralidad y no podían violarse en la relación con el país?

La bonanza fiscal y el afán de lucro que orienta al sistema capitalista sirven de fundamento a la corrupción administrativa, que es también corrupción política. Tales bases, intimamente entrelazadas, se han fortalecido en los más recientes años.

El periodo cubierto por la gestión de Carlos Andrés Pérez ha sido la multiplicación de los escándalos. Estamos en un momento en que todo procedimiento corrupto encuentra campo abierto a sus designios. Da la impresión que los muros de contención al pillaje desde cualquier posición de poder, se hubieran debilitado al máximo. Y no puede olvidarse que esto ocurre frente a la hemogenia política de AD en el Ejecutivo, en los cuerpos deliberantes, y siempre en terminos de mayoría. Nunca un partido tuvo tanto poder y nunca ha sido tan grande y tan fácil la corrupción. Lo mismo en un ministerio que en un Consejo Municipal, lo mismo que de un jerarca nacional que de un funcionario provinciano, de un magnate económico o de un arribista, un empresario de alto vuelo o un gestor en los subsuelos de la administración. La corrupción ha invadido la escena nacional. En los sectores públicos y privados se ha establecido una complicidad que nace de la relación entre grupos políticos de poder y grupos económicos que tratan de expandirse, mientras los beneficios se reparten en razón de la posición que se ocupa en el Estado, y de la protección que éste, en contrapartida, brinda.

El efecto de todo esto sobre la institucionalidad democrática no puede sino ser corrosiva, en nombre de todos los compatriotas, especialmente en nombre de los venezolanos desposeídos, carne de cañón de los atracadores en las jerarquías económicas y políticas, demandamos un esfuerzo extraordinario para liquidar enfermedad tan perniciosa, conscientes de que poco podrá lograrse si no irrumpen las voces y los torrentes populares. Ellos, digámoslo al pasar, están más allá de nuestras exclusivas fuerzas pero pueden encontrarse con todos aquellos que en el resto de las organizaciones partidistas, incluidas las actualmente mayoritarias, quieran responder a las exigencias de la nación y de la democracia, a fin de sepultar la corrupción.




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