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Tomado de: www.mre.gov.ve
Caracas, Octubre 28, 2004
Ciudadano
Eduardo A. Bertoni
Relator Especial para la Libertad de Expresión
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Su Despacho.-
Tengo el honor de saludarle en la oportunidad de acusar recibo de su comunicación, de fecha 22 de octubre de 2004, y reconocer el continuo interés de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la libertad de expresión en nuestro país expuesto en dicha carta, en referencia al Proyecto de Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que actualmente se debate en nuestra Asamblea Nacional.
Conscientes de la importancia que reviste la promulgación de una ley de tal naturaleza, el proyecto se discute bajo el amparo de nuestro cuerpo legislativo que ha invertido más de dos años de arduo trabajo de investigación, análisis y redacción, además de una consulta pública de nueve meses, con valiosos aportes de cientos de personas y decenas de instituciones. En nuestro país realizamos estos esfuerzos con el fin de encontrar un proyecto que dé respuestas a las necesidades educativas, informativas y recreativas de millones de ciudadanos, padres, madres, niños, niñas y adolescentes, inclusive de la Iglesia, que durante décadas han estado clamando por una radio y televisión que estén en armonía con los principios morales que rigen nuestra sociedad. El proyecto busca el equilibrio entre el respeto absoluto a los derechos a la libertad de expresión, a la información y a la comunicación libre y plural, mientras se garantiza la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, el fomento de la industria audiovisual nacional, el fortalecimiento a la participación ciudadana y la actualización y unificación del marco legal en función de las tendencias regulatorias y las tecnologías.
Dr. Bertoni, puedo asegurarle que en Venezuela la libertad de expresión goza y gozará siempre de la más absoluta protección. La mayoría del pueblo venezolano decidió enrumbarse por un camino realmente democrático y participativo, y es evidente que no hay censura a los medios impresos, radiales o audiovisuales. No hay periodistas detenidos, secuestrados, heridos, torturados, desaparecidos o asesinados, como sí ocurrió durante los periodos dictatoriales e inclusive durante el lapso de la democracia representativa de 1958 - 1998, cuando tristemente en nuestro país se suscitaron los hechos más repudiables de violación a la libertad de expresión de nuestra vida democrática. Los lamentables y emblemáticos casos de los periodistas Fabricio Ojeda y Víctor Manuel Guerra Leidenz -asesinados por dirigentes de un régimen represivo, disfrazado de democracia- los más de cincuenta periodistas presos y torturados, los dieciocho periódicos cerrados, evidencian la censura, la discriminación y el chantaje sufrido por los medios de comunicación durante esa época. Con el fin de ilustrar la atroz conducta de los gobiernos que antecedieron al Gobierno Bolivariano del Presidente Chávez, le anexo un reporte de esos deplorables hechos. Casos como estos, puede usted tener la certeza, jamás volverán a suceder en la Patria de Bolívar.
De hecho, los angustiosos casos de censura o restricción a la libertad de expresión en estos últimos cinco años han sido casualmente provocados por los mismos medios privados de comunicación. Fue público y notorio la autocensura que estos medios se indujeron en abril 2002, al negarse a informar a la comunidad nacional e internacional lo que realmente estaba sucediendo en Venezuela: un criminal golpe de estado en contra del Presidente Chávez y de las instituciones democráticas del país. Fue precisamente el Vicealmirante Héctor Ramírez Pérez, uno de los principales implicados en la rebelión militar, quien días después del golpe atribuyó a los medios de comunicación privados el éxito de la asonada golpista: "Se les quiere atribuir a grupos armados supuestamente de la marcha pacífica que vimos. Pero afortunadamente tenemos una gran arma, que son los medios de comunicación. El pueblo venezolano no vio hoy, ni al Ejército, ni a la Fuerza Armada hacer un disparo. Nuestras armas fueron los medios de comunicación, y quiero aprovechar para felicitarlos a todos ustedes (medios de comunicación) porque ustedes han sido los grandes protagonistas también de esto que está aconteciendo". Y Usted, Dr. Bertoni, tiene pleno conocimiento de semejante arbitrariedad.
Cuando el Estado intenta imponer los términos de la Ley a los medios de comunicación privados, estos buscan amparo y en muchos casos encuentran el respaldo de organismos como el que usted representa. El canal de televisión opositor Globovisión obtuvo una medida favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó "medidas cautelares a favor de Globovisión para que se suspenda la incautación de equipos y estos sean restituidos en beneficio al derecho a la información de todos los venezolanos", cuando este canal fue sancionado por violar el uso del espectro radioeléctrico, tal como lo estipula la Ley Orgánica de Telecomunicaciones de nuestro país.
Contradictoriamente, el canal de televisión comunitario, Catia TVe, el cual fue cerrado de manera ilegal y arbitraria por parte del alcalde opositor al gobierno bolivariano, el periodista Alfredo Peña, no recibió la misma respuesta de su parte. La agresión en contra del canal comunitario fue puesta de manifiesto por el Observatorio Global de Medios - Capítulo Venezuela: "Denunciamos ante todos los venezolanos y ante la comunidad internacional la agresión realizada por el Alcalde del Área Metropolitana de Caracas, Alfredo Peña, en contra de la libertad de expresión y el derecho a la información, al cerrar arbitrariamente la emisora comunitaria de televisión Catia TVe y secuestrar sus equipos de transmisión, el pasado 10 de julio de 2003". Dr. Bertoni, la reacción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante este atropello fue diferente: "Por su parte, el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Eduardo Bertoni, manifestó que él solicitó información al Gobierno venezolano sobre el caso de Catia TVe para investigar si los hechos ocurridos podrían ser de competencia de una jurisdicción local, obteniendo de esta manera información que le permitiera actuar ante el cierre de este medio alternativo el cual mantenía informado a más de un millón de ciudadanos". Nos causa inquietud que la respuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en particular de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, sea inmediata a las quejas de los medios privados de comunicación, como lo fue el caso de Globovisión, y que el caso de la emisora comunitaria Catia TVe se quedara en una "solicitud".
Es oportuna su comunicación para revisar el escenario mundial e histórico de este trascendental argumento, la responsabilidad social de los medios de comunicación. Es de su conocimiento, e imagino su preocupación, por el desmedido desbocamiento de las grandes corporaciones mediáticas y sus infames campañas, con fórmulas expresas de mensajes de mediocridad y de anti-valores destinados a los más vulnerables de nuestra sociedad. Afortunadamente, la preocupación y la búsqueda de soluciones a fin de resguardar la integridad de los más débiles, nuestros niños, niñas y adolescentes, no es una tarea exclusiva de instituciones de nuestro país y del Gobierno Bolivariano de Venezuela, sino también de la sociedad. En otras naciones, como son los casos de España, México y Brasil, se aborda el tema y se buscan correcciones a esta realidad.
El gobierno del Presidente Rodríguez Zapatero ha tomado medidas imponiendo sanciones considerables y grupos organizados de la sociedad española trabajan activamente en contra de lo que ellos llaman "telebasura", término que puede fácilmente definir a nuestra televisión. Según el analista Luis Javier Garrido del Diario La Jornada de México, la sociedad de ese país debate sobre el papel de los medios de comunicación social "que actúan como agentes del poder al margen de cualquier principio ético". La Comisión de Derechos Humanos y Minorías de la Cámara y alrededor de 60 entidades de la sociedad civil de Brasil. realizan una campaña contra la mediocridad en la programación televisiva de ese país. La campaña busca la aprobación de un Proyecto de "Ley 1600/03" para crear un Código de Ética de la TV, el Consejo de Seguimiento de la Programación Televisiva y la Comisión Nacional para la Ética en la Televisión.
La Conferencia Episcopal de Venezuela, por décadas, ha resaltado la importancia de la responsabilidad de los medios de comunicación en el desarrollo de la sociedad y al servicio de la paz. En su informe de julio del 2003, declaró: "Los Medios de Comunicación están llamados a ser agentes de paz, de justicia, de solidaridad y de libertad, contribuyendo así a consolidar el sistema democrático y mejorar la situación del país. En este sentido, ellos juegan un papel importante, por su influencia para moldear las relaciones humanas en la vida política y social, tanto para el bien como para el mal. La exigencia moral fundamental de toda comunicación es el respeto y el servicio a la verdad. Por ello, los hombres y mujeres de los Medios están especialmente obligados a contribuir a la paz derribando las barreras de la desconfianza, esforzándose siempre por llevar a un entendimiento y respeto mutuo. Los Medios sirven a la libertad sirviendo a la verdad, y por el contrario, obstruyen la libertad en la medida en que se alejan de la verdad y difunden falsedades o crean un clima de reacciones emotivas incontroladas ante los hechos. Por su parte, el Estado debe respetar el derecho que tienen los Medios a expresarse libremente, dentro de un ordenamiento legal justo y respetuoso del derecho de los venezolanos a estar informados y conocer la verdad".
Es evidente el consenso de diferentes componentes de nuestra sociedad que hacen un llamado a estudiar el papel de los medios de comunicación social, demandan una revisión de la actual ley (aprobada en nuestro país cuando no existía la televisión) y le exigen al Estado la protección de los ciudadanos. Para su tranquilidad, le reitero que la libertad de expresión y la libertad de información estarán ratificadas en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, tal y como lo establece la Constitución Bolivariana. Las disposiciones de la Ley aplican para los medios audiovisuales del Estado, los privados y comunitarios, sin distinción. Nuestros niños, niñas y adolescentes estarán protegidos de la programación y publicidad que promuevan un lenguaje inadecuado, el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas, la agresión a la mujer, la violencia desmedida o el sexo explícito.
Finalmente, Dr. Bertoni, con mucha satisfacción, vislumbro esta Ley como un modelo que podría ser emulado por otros países del hemisferio, de la misma manera como el pueblo bolivariano de Venezuela dio un ejemplo de participación y democracia el pasado 15 de agosto, durante el inédito y ponderado Referéndum Presidencial. Le agradezco su interés y cuente con mi disposición para contribuir en lo que esté a mi alcance para disipar cualquier duda o inquietud.
Valga la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi respeto y consideración.