A medida que pasan los días las versiones depuradas de los acontecimientos, notablemente exagerados, que sacudieron al país en abril surgen cada vez más esplendorosas en boca de los periodistas y animadores de radio y televisión.
Las informaciones objetivas dan cuenta de una marcha espontánea, sin fines políticos, donde participaban por casualidad todos los partidos de oposición, Fedecámaras, sindicalistas hostiles al Gobierno, la sociedad civil, las ONG, la farándula y el gobernador del estado Miranda, que iba como una reina de carnaval, montado en una carroza especial.
El número de participantes se estimó inicialmente en 250 mil personas, lo cual se comprobó que era una bajeza publicitaria. Para este momento, según el alcalde de Chacao, la cifra va por millón y medio de protestatarios, sin contar policías uniformados, agentes de civil, corresponsales extranjeros, veedores y otros entrometidos.
Los organizadores de la marcha espontánea nunca pensaron en azuzar a los participantes para que llegaran al Palacio de Miraflores a solicitar amablemente la renuncia del Presidente de la República. En cambio, sectores torvos y perversos tenían todo previsto y habían apostado francotiradores de diversas nacionalidades en las inmediaciones de la sede presidencial. Además enviaron concejales del MVR, debidamente identificados, para que, frente a los camarógrafos de televisión, dispararan contra la muchedumbre. Se trataba de producir una masacre o genocidio destinado a incrementar la popularidad del Gobierno.
Mientras tanto y por pura coincidencia los canales privados transmitían exhortaciones de militares activos para desconocer al comandante en jefe de la Fuerza Armada. El hecho de que se hubieran grabado previamente en casa de un productor de televisión constituye un detalle irrelevante.
Para impedir el libre flujo de información el Presidente ordenó una cadena de radio y televisión que fue saboteada por los canales privados, los cuales, por circunstancias fortuitas, tenían preparados sistemas de microondas y satélites capaces de evadir el control gubernamental. La televisora oficial, en cambio, dejó de funcionar sin que se sepa por culpa de quién.
Poco después el general Rosendo y sus colegas se negaron a ejecutar el Plan Ávila cuando, para su sorpresa, descubrieron que era una proyecto represivo y cruel.
Durante la noche privó la confusión pero lo que se sabe a ciencia cierta es que no hubo un golpe de Estado. El señor Chávez fue trasladado preso e incomunicado a La Orchila por su propia voluntad.
A todas estas la Embajada norteamericana no sabía nada de lo que estaba ocurriendo, ni la CIA ni el Departamento de Estado tenían conocimiento previo de los planes conspirativos.
Al día siguiente el representante patronal se juramentó en la Presidencia y, de un plumazo, liquidó todos los poderes públicos. Los miembros de Fedecámaras, presentes en el acto, aplaudieron por elemental cortesía. El doctor Carmona Estanga, como es lógico, no tiene puta idea de quién le redactó los decretos dictatoriales.
Posteriormente, una vez restituida la constitucionalidad, quedó claro que el presidente Chávez debía pedir perdón ante el país y prometer por lo más sagrado su disposición a rectificar de inmediato. En la actualidad es indispensable que el Gobierno garantice el derecho a protestar en público, así como la libertad de expresión y permita que la prensa, la radio y la televisión entrevisten militares que despotrican contra sus superiores jerárquicos.
Naturalmente Fedecámaras, la CTV, los partidos de oposición, las ONG y la alta sociedad civil no tienen razones para arrepentirse o mostrarse tan siquiera un poquito avergonzados. El Episcopado y el Opus Dei, como se sabe, no pecaron ni con el pensamiento.
Por lo demás, las organizaciones extranjeras de derechos humanos, la OEA y el FMI supervisarán de cerca al Gobierno para que cumpla sus compromisos políticos y económicos. Caso contrario exigirán la dimisión de Chávez.
augusther@cantv.net