Quisiera puntualizar una serie de verdades acerca de la situación que estamos viviendo actualmente en el país. Estas verdades a las que me voy a referir debemos mantenerlas todos muy presentes para los tiempos que tenemos por venir en Venezuela. Ellas son los pilares que deben sostener nuestras opiniones y nuestras acciones políticas, y también los escudos que deben protegernos de la avalancha de mentiras, engaños y manipulaciones a los que se nos somete diariamente a través de los medios de comunicación. Estas verdades son cinco, y trataré de exponer cada una de ellas de la manera más clara y directa posible.
Para convencernos de que esto cierto, no hace falta que conozcamos las opiniones y pareceres de los protagonistas inmediatos de aquellos acontecimientos. No necesitamos hacer encuestas de opinión, no necesitamos escuchar interpelaciones, ni tenemos que confiar ciegamente en la palabra de tal o cual personaje. Lo único que necesitamos es reunir tres simples hechos que son reconocidos como tales por todas las partes involucradas. Estos hechos simples son:
(a) El Presidente fue privado de su libertad por un grupo de militares que le exigieron su renuncia.
(b) La renuncia del Presidente nunca se produjo, pero se intentó convencer al país de lo contrario.
(c) El mencionado grupo de militares decidió escoger a un nuevo Presidente.
Cada uno de estos tres hechos constituye un acto a todas luces ilegal, escandalosamente contrario a los principios básicos de la democracia. Veamos por qué.
En un sistema democrático, ningún militar tiene la más mínima facultad para privar de su libertad al Presidente de la República, bajo ninguna circunstancia. Oigase bien: bajo ninguna circunstancia. Aun en caso de que el Presidente hubiese actuado de manera contraria a las leyes, existen procedimientos legales para detener y enjuiciar al Jefe de Estado. Procedimientos que involucran la acción de órganos competentes como la Asamblea General, la Fiscalía y el Tribunal Supremo de Justicia. Obviamente ninguno de estos procedimientos puede contemplar o permitir que un grupo de generales ponga preso al Presidente de la República cuando a ellos les parezca conveniente.
Por otra parte, podemos especular mucho acerca de si Chávez consideró la posibilidad de renunciar, estuvo a punto de renunciar, le dijo a Fulano o a Mengano que había renunciado o que iba a renunciar; que si redactó o no un documento de renuncia, que sobre qué base Lucas Rincón anunció la renuncia del Presidente, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso no cambia el hecho simple de que Chávez no renunció. No importa qué anuncios haya hecho él mismo o sus voceros, ni ante quién los haya hecho. No importa si se había comprometido a renunciar o no, o bajo qué condiciones. Todas esas discusiones no son sino una cortina de humo para tapar el hecho simple y claro de que la renuncia de Chávez nunca se formalizó de acuerdo con el procedimiento previsto en la Constitución, y que, por consiguiente, dicha renuncia nunca se materializó. Incluso si Chávez efectivamente hubiese firmado un documento de renuncia, tal documento por sí solo no habría servido como aval suficiente, pues en aquellas circunstancias, con el Presidente detenido e incomunicado, existiría la posibilidad de que se le hubiese obligado a firmar bajo coacción, en cuyo caso ese documento no tendría ninguna validez.
Finalmente, en ningún sistema democrático del mundo está contemplada la posibilidad de que un grupo de generales, aún en caso de producirse un auténtico vacío de poder, pueda nombrar como Presidente a quien a ellos mejor les parezca. En caso de que se hubiese producido un vacío de poder, lo lógico habría sido que la Asamblea Nacional -que es la única institución representativa de la voluntad popular, aparte del Presidente de la República- hubiese tomado las riendas de la situación.
Así pues, la conclusión única e inevitable que sigue de estos tres simples hechos es que el 11-A se produjo en Venezuela un golpe de estado. La tesis del vacío de poder es, sencillamente, absurda. Quienes la defienden sólo pueden hacerlo por ignorancia o para encubrir su propia participación en el golpe.
Para afirmar esto no necesitamos saber quienes fueron exactamente los golpistas, y qué papel cumplió tal o cual persona dentro del golpe. Basta con saber que estos tres sectores convalidaron públicamente la supuesta renuncia del Presidente y estamparon sus firmas en el acta que desmantelaba toda la institucionalidad democrática del país e instauraba a Pedro Carmona como Presidente. Ninguno de estos actos pudo haberse realizado de buena fe, con la conciencia limpia. Los tres sectores sabían que Chávez no había renunciado y, sin embargo, optaron por mentirle al país. Los tres sectores sabían que el gobierno de Carmona sería inconstitucional y, sin embargo, apoyaron su instauración.
Pero, además de estos tres grupos -sobre cuya participación en el golpe, repito, podemos tener total seguridad- vale la pena mencionar a otros, cuyo comportamiento también debe despertar nuestras sospechas. Por ejemplo, la infame actuación de los grandes medios de comunicación durante aquellos días de Abril es una prueba fehaciente de que sus dueños, cuando menos, estaban parcializados a favor de los golpistas -si es que no estaban participando activamente en el golpe. No hay ninguna, absolutamente ninguna excusa que justifique el hermético silencio que los medios quisieron mantener el día 13 de Abril. Dicen ellos que ese día no estaba garantizada la seguridad de los periodistas, y que por eso no pudieron salir a la calle. ¿Pero no fueron ellos mismos los que, tan sólo un día antes, se jactaban de la valentía de sus reporteros, que se habían atrevido a filmar las famosas imágenes del puente Llaguno? Además, no hacía falta que sacaran a ningún reportero a la calle el día 13. Bastaba con que simplemente retransmitieran las imágenes que estaban capturando los medios de comunicación internacionales. Bastaba con que no le mintieran al país tratando de convencerlo de que no estaba pasando absolutamente nada.
Finalmente, el comportamiento exhibido por los principales partidos de oposición no deja lugar a dudas de que también estos sectores fueron favorables al golpe de estado. Para apoyar esta idea sería suficiente con recordar cómo el día 12 de Abril, apenas consumado el golpe, repentinamente reaparecieron los dinosaurios de la política venezolana, a quienes muchos ya creían muertos o retirados. Aquellos venerables líderes de AD y COPEI, paladines de la democracia, se lanzaron con entusiasmo a la tarea de sacar a patadas y escupitajos a los gobernadores y alcaldes chavistas, electos democráticamente por el pueblo. Ya se estaban instalando ellos en esos puestos; ya estaba arrancando de nuevo la maquinaria de repartición de cargos. Y ya, como una especie de símbolo macabro, estaba Carlos Andrés Pérez anunciando su pronto regreso a Venezuela.
Pero también disponemos de otra prueba que inculpa a los partidos de la oposición. Se trata de su actuación en el marco de las interpelaciones llevadas a cabo por la comisión de política de la Asamblea Nacional. Allí la oposición, en lugar de dedicarse a esclarecer seriamente los hilos que movieron la intentona golpista, ha invertido todos sus esfuerzos en mostrar que en Venezuela no hubo golpe de Estado -una tesis que, como vimos, se cae por su propio peso. Resulta difícil imaginar que detrás de esto haya un motivo diferente al de querer encubrir la verdad de los hechos y la posible participación de la oposición en ellos.
Muchos insisten ahora en que las intenciones de los golpistas eran buenas, que lo único que ellos pretendían era establecer una auténtica democracia en nuestro país. Claro está, sobre las intenciones, que son invisibles, cualquier cosa se puede decir. Alguien podría proponer, por ejemplo, que Pinochet, en lo más profundo de su alma, en sus intenciones más recónditas, siempre fue un gran demócrata. Sólo que no pudo llevar a cabo tales intenciones debido a las circunstancias que tuvo que enfrentar. Ciertamente, si lo pensamos en abstracto, esto no sería absolutamente imposible. Pero, ¿sería sensato creerlo, sobre todo a la luz de las acciones que tomó la dictadura pinochetista? Preguntémonos, entonces, ¿cuáles fueron las acciones de los golpistas del 11-A? ¿Qué intenciones nos revelan esas acciones? Nuevamente debemos apelar a tres simples hechos cuya veracidad no está puesta en duda por ninguna de las partes:
(a) Carmona disolvió todos los poderes públicos de la República. En un abrir y cerrar de ojos este gran demócrata desmanteló toda la institucionalidad democrática del país. No contento con eso decidió, además, eliminar la Constitución vigente, con lo que se atribuyó poderes supra-constitucionales, declarándose a sí mismo autoridad suprema y absoluta en todo el territorio nacional.
(b) Bajo el auspicio del gobierno de Carmona, como ya lo mencionamos, en todos el país fueron despojados de sus cargos, muchas veces de manera violenta, los gobernadores y alcaldes chavistas que habían llegado a esos cargos por vía de elecciones populares.
(c) Los cuerpos de seguridad del Estado, bajo el mando de Carmona, iniciaron una cacería de políticos y funcionarios públicos vinculados al gobierno de Chávez. Se realizaron allanamientos y detenciones que no cumplían ningún procedimiento legal y eran llevados a cabo por personas que carecían de toda autoridad para efectuarlos. Los cargos y las imputaciones muchas veces eran absurdos -como, por ejemplo, acusar al Ministro del Interior de porte ilícito de armas.
Ahora yo pregunto: disolver todos los poderes públicos, eliminar la constitución, despojar de sus cargos a gobernadores y alcaldes electos democráticamente y encarcelar a los adversarios políticos, ¿son actos propios de un gobierno democrático o, al menos, cuyas intenciones sean democráticas?
Evidentemente, entonces, el objetivo que perseguían los golpistas poco tenía que ver con la democracia. Su objetivo inmediato era muy claro: sacar de raíz todo vestigio de chavismo en el país. Esto implicaba eliminar toda la institucionalidad de la Quinta República, incluyendo la Constitución Bolivariana, también implicaba sacar del poder a todos los partidarios de Chávez, y hasta quitar del nombre de la República el adjetivo "bolivariana". Los golpistas estaban tratando, en pocas palabras, de hacer retroceder el tiempo hasta hace unos años atrás. Estaban buscando que Venezuela volviese a ser el país que era antes de 1999. Estaba tratando de liquidar, de un solo "golpe", todos los cambios que, para bien o para mal, se han dado en el país en estos últimos tres años.
Ahora bien, ¿por qué Fedecámaras, un grupo de militares, un sector de la Iglesia, los dueños de los medios, los partidos políticos tradicionales, etcétera, querrían hacer retroceder al país en el tiempo de esa manera? La pregunta parece casi tonta por lo evidente de su respuesta. Estamos hablando de los grupos que se beneficiaron durante cincuenta años de una distribución dramáticamente injusta de la riqueza, de una sistemática enajenación de los bienes públicos de la sociedad venezolana, de una terrible explotación de los más necesitados en favor de un grupúsculo de privilegiados. ¿Hacen falta más razones para que estos sectores quieran retroceder en el tiempo a toda costa, aún a riesgo de perder su máscara de defensores de la democracia?
Carmona anunció que en un año se organizarían unas elecciones democráticas en el país. Uno podría preguntarse por qué hacía falta dejar pasar tanto tiempo antes de llevar a cabo unas nuevas elecciones. De hecho, bajo presión de algunos organismos internacionales, Carmona al día siguiente cambió de opinión y decidió reducir ese periodo a sólo unos pocos meses, lo que indica que desde un principio era factible organizar una nuevas elecciones en cuestión de semanas. Así que nuevamente se impone la pregunta: ¿por qué originalmente se quería dejar pasar tanto tiempo antes de ir a elecciones?
Es posible imaginar, con una buena dosis de seguridad, que aún en el caso de que el golpe de Carmona finalmente hubiese triunfado, en una buena parte de la población seguiría subsistiendo, por un buen tiempo, la simpatía por el Comandante Hugo Chávez y la Revolución Bolivariana. Es posible imaginar que unas elecciones organizadas demasiado pronto, y en las que pudiesen participar candidatos identificables como "chavistas", pondrían en peligro el objetivo que los golpistas tenían de sacar de raíz el chavismo de Venezuela. Por eso era necesario darse un buen tiempo antes de llamar a elecciones; un tiempo que permitiera eliminar el chavismo como alternativa política legítima. Muchos instrumentos estaban al alcance de la mano en esta tarea. Recordemos que ya el mismo 12 de Abril empezó una intensa campaña mediática dirigida a desacreditar a Chávez como un "asesino" que, a sangre fría, había ordenado masacrar a la población indefensa. La campaña de descrédito probablemente iba a estar acompañada de una serie de juicios en los que se iba a "demostrar" que los líderes del chavismo tenían contactos con la guerrilla y el narcotráfico colombianos, que además traían armas desde Cuba y estaban organizando bandas armadas para acabar con la democracia en Venezuela. Todo esto posiblemente iba a culminar en la inhabilitación política de todos aquellos líderes sociales que le brindaron su apoyo a Chávez y, en la declaración del chavismo como un movimiento ilegal, armado, subversivo y terrorista. Todo esto despejaría el camino para organizar unas elecciones en las que el chavismo no sólo estaría completamente desacreditado, sino que, quizás, ni siquiera podría participar legalmente en ellas.
Ahora bien; ¿un año habría sido suficiente para lograr este objetivo? Personalmente lo dudo mucho. Creo que los golpistas hubiesen necesitado mucho más tiempo para deshacer el profundo compromiso que ha adquirido un gran sector de la población con el proyecto bolivariano. Ya el 13 de Abril vimos cómo muchos estuvieron dispuestos a arriesgar sus vidas por el regreso de su Presidente. Se trata de un sector que adquirió un mínimo de inmunidad ante las manipulaciones de los medios y una buena dosis de desconfianza ante los adversarios de Chávez. Esos son obstáculos significativos para un proceso de lavado cerebral como el que habría que llevar cabo para extirpar por completo el chavismo.
De manera que los golpistas muy probablemente se hubiesen visto en la necesidad de prolongar por más de un año el periodo de espera para organizar nuevas elecciones. Mientras tanto se iría consolidando en el país un sistema autocrático de gobierno que, ante la imposibilidad de retornar rápidamente a la tan ansiada IV República, pronto podría empezar a incrementar sus niveles de abuso y represión. Con esto Venezuela se estaría encaminando hacia una dictadura cuya duración sería imprevisible.
Con todo lo anterior espero que al lector pueda ver ya claramente que el problema que enfrenta actualmente Venezuela no se resuelve, sencillamente, abriendo un diálogo entre el gobierno y la oposición. Las fuerzas que adversan a Chávez no están interesadas en dialogar democráticamente, es decir, en discutir racionalmente políticas públicas. Si esas fuerzas hubiesen estado auténticamente interesadas en dialogar, hace tiempo habrían aprovechado los escenarios para el diálogo más propios de la democracia -a saber, el Parlamento y los medios de comunicación. En lugar de eso sólo han aprovechado tales espacios para vociferar que en Venezuela no hay escenarios para diálogo. Además, si de verdad les interesase el diálogo, tendrían que estar muy conformes con las famosas cadenas de Chávez, pues las verían como una prueba de que el gobierno está intentando justificar sus acciones ante la sociedad, y se está exponiendo, así, a la crítica y al debate democráticos. De modo que la insistente exigencia de más diálogo, la repetición del estribillo de que Chávez no dialoga, las acusaciones sobre el carácter autoritario del gobierno, todo ello sólo puede formar parte de una estrategia en la que se usa una serie de nociones democráticas tergiversadas con el fin de destruir al oponente. Las fuerzas que dieron el golpe contra la democracia en Venezuela no están interesadas en la democracia. Están interesadas en deshacerse de Chávez a como dé lugar.
Si esto es así, debemos tener muy claro que, tal como están actualmente las cosas en el país, sólo tenemos dos opciones por las que apostar. Una de ellas es la permanencia constitucional de Chávez en la Jefatura de Estado, y, en general, el respeto a las reglas de juego que los venezolanos nos dimos en 1999. La otra opción no es ni siquiera un pronto regreso al orden social, económico y político anterior, al de la IV República, ni tampoco la instauración de una institucionalidad democrática nueva y diferente a la de la V República. Por todo lo que aquí hemos expuesto podemos ver que la otra opción es un prolongada dictadura de derecha ejercida por quienes perdieron sus privilegios económicos y políticos con la llegada de Hugo Chávez a la Presidencia de la República. Esta es la alternativa real que hoy en día tenemos frente al gobierno de Chávez. Esta es la alternativa por la que optan -quiéranlo o no, sépanlo o no- quienes acuden presurosamente a las manifestaciones organizadas por Fedecámaras, la CTV, Primero Justicia o Queremos Elegir. Y es por eso que me atrevo a decir aquí que la alternativa a Chávez, en estos momentos, es el abismo.
Pese a que las verdades que acabamos de enumerar aquí son simples y evidentes, pareciera que una buena parte de la población venezolana -especialmente esa que, se supone, goza de los mayores niveles educativos y culturales- permanece completamente ciega ante estas evidencias. Cuando escuchamos hablar a un típico antichavista de clase media, recibimos la impresión de estar escuchando una serie de fragmentos sueltos, y pobremente repetidos, de un conjunto de programas de opinión de radio y TV. Hay una serie de palabritas huecas que se repiten insistentemente en ese discurso: "autoritarismo", "meritocracia", "aplanadora", "chupadólares", "a dedo", "gobernabilidad", "politización", "desunión", etcétera, etcétera. La crítica al gobierno se convierte, así, en la repetición infinita de un rosario de expresiones que nadie sabe qué significan exactamente, pero que acallan al pensamiento con gran efectividad.
Lo anterior significa, en pocas palabras, que los grandes medios de comunicación nos están llevando a los venezolanos directo al abismo. Por eso, no hay acción política más urgente en estos momentos que contrarrestar el poder que ejerce el discurso mediático dominante sobre la opinión pública venezolana. Creo que en esa tarea hay dos grandes líneas de acción. La primera -a mi modo de ver, la más sencilla- es la creación de fuentes de información alternativas. Una gran oportunidad la brindan, en ese sentido, las radios y televisoras comunitarias que han empezado a proliferar en todo el país. Pero es necesario que estos medios de comunicación alternativos no limiten su ámbito de interés únicamente a los asuntos particulares de la comunidad donde se insertan. Hace falta que conformen una red de comunicación por donde puedan circular los discursos y las noticias que son marginados o tergiversados en los medios dominantes, y que traten de asuntos de interés nacional. De esta manera sería posible lograr una cobertura informativa al menos comparable con la de aquellos grandes medios; podría lograrse que resuenen por todo el país las voces que hasta ahora no han tenido oportunidad de manifestarse. Un primer mecanismo para impulsar la articulación de una red comunitaria de este tipo podría ser el canal del Estado. Imaginemos, por ejemplo, un espacio semanal en VTV dedicado por completo a las radios y televisoras comunitarias; un espacio en el que éstas puedan intercambiar opiniones, ideas, proyectos sobre su labor, y donde el material producido por unas pueda ser ofrecido a las demás para su retransmisión.
La otra gran línea de acción buscaría como objetivo inmunizar a la población contra la manipulación mediática. Se trataría, en pocas palabras, de una acción educativa a gran escala -que podría utilizar como uno de sus vehículos la ya mencionada red de medios de comunicación alternativos- cuyo propósito sería que la ciudadanía aprenda a desenmascarar los variados mecanismos de manipulación y engaño utilizados por los medios dominantes. Esta tarea, mucho más ardua y exigente que la primera, requeriría pensar si es posible (y cómo sería posible) lograr ese propósito en una sociedad que ha sufrido, durante décadas, un proceso de profunda devastación cultural y educativa. Porque nuestra misión no podría consistir, simplemente, en ofrecer un "rosario" alternativo -esta vez chavista- de palabras y frases resonantes que no sean más que eslóganes. Lo que se requiere es la creación de una genuina conciencia política, es decir, de un espíritu apasionadamente inquisitivo e inteligentemente cuestionador del orden social en el que vivimos (y de aquellos en los que podríamos vivir). ¿Cómo fomentar ese espíritu con la urgencia y celeridad que nos imponen las apremiantes circunstancias políticas del país? A esta pregunta no sé cómo responder. Lo único que sé es que las Universidades nacionales deberían tener mucho que decir al respecto.