RECOMENDACIONES

Los sucesos acaecidos del 11 al 14 de abril, deben ser esclarecidos por las autoridades competentes con la finalidad de consolidar la propuesta de dialogo nacional y reconciliación que han presentado las autoridades del Gobierno Nacional. Encontrar la veracidad de los hechos y la sanción de los responsables constituye el éxito del presente informe, para lo cual se hace necesario que la búsqueda de la verdad sea el norte de las investigaciones realizadas.

La paz, la unidad y el diálogo son las vías idóneas para consolidar la estabilidad del país y para poder resolver la crisis social y política que vive la Nación, cuya máxima expresión fueron los trágicos hechos de abril.

En tal sentido, esta Comisión Parlamentaria Especial Para Investigar Los Sucesos de Abril de 2002, recomienda:

• El seguimiento e investigación de los hechos acaecidos los días 11 al 14 de abril por parte de las autoridades competentes y de los órganos jurisdiccionales con la finalidad de establecer las sanciones a que haya lugar.
• La investigación exhaustiva de las violaciones y transgresiones a los derechos humanos durante los sucesos del 11 al 15 de abril por parte de los organismos gubernamentales y no gubernamentales dedicados a la materia, con la finalidad de colaborar con las autoridades competentes en el esclarecimiento de los hechos.
• Se exhorta a las autoridades competentes asegurar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de nuestra Carta Magna, el principio del debido proceso frente a las persecuciones, detenciones, allanamientos y excarcelaciones realizados los días 12,13 y 14 no obstante las evidencias colectadas y las experticias que se realizaron.
• Al Ministerio Público
  • Recomendamos la oportuna investigación de las presuntas responsabilidades penales y el consecuente ejercicio de las acciones que correspondan, contando para ello con apoyo de los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas además de los expertos nacionales e internacionales que sean necesarios para tal fin.
  • Iniciar el respectivo procedimiento disciplinario a los funcionarios que durante los días 12 y 13 de abril realizaron los allanamientos sin la debida orden judicial previa y sin el debido cumplimiento de las circunstancias establecidas en la ley para actuar en ausencia de la respectiva orden.
• Al Ministerio de Interior y Justicia
  • Sugerimos inicie las averiguaciones administrativas necesarias para precisar la eventual comisión de actos irregulares por parte de efectivos de los cuerpos de seguridad bajo su autoridad.
  • Incluir como materia obligatoria dentro del programa educativo para la formación de los cuerpos policiales nacionales, la cátedra de Derechos Humanos.
  • Actuar como ente rector en la coordinación de los organismos de seguridad para el resguardo de la ciudadanía en cualquier manifestación o actos de esta naturaleza.
• A la Defensoría del Pueblo
  • Asesorar a las víctimas de los sucesos acaecidos los días 11 al 15 de abril, en la defensa y ejercicio de los derechos que constitucional y legalmente le corresponden.
• A la Asamblea Nacional
  • Remitir el presente informe una vez aprobado, a los Organismos Internacionales a los cuales les competa el conocimiento de este análisis, y a las Embajadas Diplomáticas con sede en nuestro país, con la finalidad de confirmar el interés de la Asamblea Nacional en el esclarecimiento de los sucesos del 11 al 14 de abril.
• A los Medios de Comunicación
  • Recomendamos la reflexión de los distintos actores involucrados, sobre la importancia del papel de los medios de comunicación en el sistema democrático, y la influencia que pueden tener sobre la sociedad. Proponemos la instalación de unas mesas de dialogo entre los representantes y dueños de los diversos medios de comunicación y el Gobierno Nacional para la discusión de este tema, con el objeto establecer el equilibrio necesario entre ambos sectores.
• A la Sociedad Venezolana
  • La salida política es el dialogo, es el entendimiento, es el respeto por la democracia y la legalidad, el ordenamiento jurídico establece las reglas de juego y bajo esas reglas debemos actuar, irrespetar las disposiciones constitucionales y legales equivale a un desenlace fatal que la sociedad no debe permitir. Todos tenemos cabida en el sistema democrático y participar activamente en el ejercicio de nuestros derechos para poder alcanzar la unidad, la convivencia y la paz social es la manera idónea de solucionar las actuales diferencias.